Se manifestó en contra de la medida de fuerza de los empresarios de intentar presionar al Concejo Deliberante, a la Justicia provincial y a los ciudadanos, para seguir adelante con el aumento de la tarifa del servicio de transporte público.
Para el concejal no hay justificativo en los argumentos esgrimidos por el empresariado de que si no se sube la tarifa habrá despidos, ya que el gobierno nacional anuncio una reducción del 5 por ciento en el valor del combustible lo que traerá aparejado de que esta baja tenga repercusión en los insumos que se necesitan para el normal desenvolvimiento de los colectivos.
También expresó su profunda preocupación por la posición de la UTA y de la UCRA, los dos gremios que apoyan a la patronal en esta medida.
«Si esto persiste, existen los instrumentos legales para quitarles los permisos precarios a las empresas y buscar a otros sectores que sí se adecuen a lo que marca la justicia y pueden brindar el servicio en idénticas o mejores condiciones para los usuarios», advirtió.