Integrantes del Ministerio público de la defensa penal rechazaron el proyecto de la ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa porque «es un paso para atrás en el sistema judicial penal de la provincia», mientras, integrantes del sindicato de trabajadores judiciales, se mostraron conformes, según un comunicado oficial del Poder Legislativo.
El proyecto que analizó la Legislatura jujeña respecto a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa contiene un texto que implica un retroceso en el sistema judicial penal, así lo consideraron Defensores, profesionales y empleados administrativos del Ministerio Público de la Defensa Penal (MPDP).
Tal observación de los actores, se debe a que nunca se generó discusión y debate de esta iniciativa y menos fue consultada la revisión del proyecto de ley a la Defensora General del MPDP, Ivone Haquim, para que exponga y de su opinión.
Hay que resaltar que el proyecto en cuestión nucleará a los actuales ministerios de la Defensa Pública Penal y de la Defensa Civil y no tiene previsto dentro de su redacción, la distinción por materia, sino unificaría a defensores, secretarios, equipos interdisciplinarios y otras áreas que actualmente cumplen funciones específicas.
Con ello, los defensores públicos penales, mediante una nota dirigida a la comisión de Asuntos Institucionales, avizoran que la Defensa Penal volverá a tener el funcionamiento que tenía antiguamente como Defensoría de Pobres y Ausentes.
En comunicado en lo que respecta al plano constitucional, donde existe el derecho del acceso a la justicia, derechos humanos y la incorporación de garantías constitucionales y tratados internacionales, los cuales se encuentran contemplados dentro de la actuación del Ministerio Público de la Defensa Penal, de producirse el dictado de la Ley, se verían afectados y vulnerados.
Esto, a todas luces, va en contra de lo establecido en los tratados internacionales que son específicos en materia penal. Vale aclarar que este no es un tema de materia civil, porque no se está hablando de un reclamo por una cuestión patrimonial, un daño o un perjuicio, sino de un tema penal donde está en juicio la libertad, donde se tiene que asegurar el acceso a la justicia gratuita a quienes no tengan la posibilidad de solventar gastos que implican la contratación de un abogado penalista privado.
En lo que respecta al rol por materia, tanto en lo concerniente a lo Penal como a lo Civil, es importante distinguir las actuaciones de los equipos interdisciplinarios y de todas las áreas correspondientes a cada materia, teniendo presente las especializaciones de cada una de ellas ya que los integrantes del Ministerio Público de la Defensa penal, han sido capacitados en la materia, desde que se creó dicho ministerio.