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El Superior Tribunal de Justicia de la provincia deberá resolver el planteo de inconstitucionalidad de la ley provincial lN° 6088 de creación de la empresa pública Cannabis Avatara Sociedad del Estado, que presentó esta mañana la diputada provincial Alejandra Cejas junto al abogado Juan Giusti. «No queremos que Jujuy se convierta en una narcoprovincia», afirmó la legisladora, y aseguró que el gobierno provincial «le mintió a la ministra Bullrich» para que la cartera de Seguridad de la Nación aprobara el emprendimiento.
«Sorprende que organismos nacionales autoricen esto. Hay que dilucidar qué hay detrás, quiénes están detrás de este negocio, porque acá no hay más que un negocio encubierto detrás de la venta de cannabis medicinal», advirtió Cejas, y recordó que la legislación nacional prohíbe la exportación de marihuana para consumo recreativo.
La legisladora se refirió a la demanda que presentó contra el estado provincial por la empresa de cultivo de marihuana que maneja el hijo del gobernador Morales. “Hemos tomado conocimiento que la empresa compradora ha cerrado sus negocios en Estados Unidos y se radicará en nuestra provincia en su totalidad para cultivar 15 mil hectáreas en Finca El Pongo”.
La diputada precisó que habitualmente un laboratorio de cannabis medicinal planta 3 hectáreas, cuando acá se trata 15 mil hectáreas «que hoy serían para proveer una sustancia que es ilegal».
«La zona de El Pongo es la más productiva de los valles. Allí trabajan y cultivan productores de frutas, verduras y hortalizas, y no se sabe qué va a a pasar con ellos», agregó.
Cejas insistió en poner en duda qué hay detrás de la empresa Cannabis Avatare Sociedad del Estado. «Hay tres compañías internacionales que están detrás de la marihuana: una de Estados Unidos, una de Canadá y una Chilena. En ningún caso hay intermediación con laboratorios nacionales, que es lo que obliga la ley nacional para la producción de cannabis medicinal», indicó.
Recordó además que «en Jujuy hay más de 100 pacientes a los que se les priva del medicamento que se produce en Santa Fe, y se encubre esa necesidad con estas plantaciones».
«Es un llamado potente para el narcotráfico internacional, y nosotros no queremos que Jujuy sea un narcoestado», sentenció.
En la presentación de inconstitucionalidad, plantean que la ley provincial «vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, la distribución constitucional de competencias entre Nación y Municipio (art. 75 inc 12 de la CN) y las leyes 23.737 y 27.350».
El abogado Juan Giusti aclaró: «Por supuesto que apoyamos el uso medicinal del aceite de cannabis, pero los únicos autorizados para producirlo son los laboratorios públicos de capitales estatales, a través de la ley 26688».
«Por otro lado, los únicos autorizados a plantar marihuana son el INTA y el Conicet», completó.
En el caso de Green Leaf, comentó que «van a hacer cannabis medicinal, van a usar el cáñamo, que es el bagazo, y también van a producir para ‘uso adulto’. Eso es el uso recreativo. Es decir que planean exportar marihuana a los estados de Estados Unidos en donde está permitido el uso recreativo».
“Hay que recordarle al gobernador que en nuestro país sigue siendo ilegal su producción y consumo por lo que creemos que es un gran negocio que puede tener graves consecuencias para nuestra provincia”, sumó Cejas.
«Usan una figura lícita para un objeto ilícito, para saltar por encima de la ley», concluyó Giusti.
Sobre la autorización emitida por el ministerio de Seguridad de la Nación, el abogado analizó: «Nunca le contaron a la ministra que la producción será para uso recretativo, ni le llevaron los convenios para que los viera. Le mintieron para tener una resolución favorable».
Otro aspecto que preocupa es el relacionado con las medidas de seguridad que rodearán la instalación de la planta. «Ya tenemos problemas para luchar contra la droga, contra el paco. Y sabemos que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Gerardo Morales, con este proyecto, le está abriendo la puerta al consumo de drogas en Jujuy».
