En su informe económico mensual, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) advierte sobre una fuerte contracción de los desembolsos del Estado nacional a las provincias, que supera el 50 por ciento en las transferencias generales, porcentaje que se eleva al 80 si se consideran los envíos para obra pública.
Según la información sobre la ejecución presupuestaria para el mes de julio, las bajas se registran mayoritariamente en los gastos de capital, aunque también hay ajuste de los gastos corrientes.
En julio de 2018 las transferencias a las provincias sumaron 9.680 millones de pesos, un 50 por ciento menos que en julio de 2017. Al desagregar por tipo de transferencias, se observa una fuerte caída nominal en las transferencias de capital (obra pública gestionada por las provincias).
En este caso, para el mes de julio de 2018 los gastos de capital disminuyeron de 7.427 millones de pesos en julio de 2017 a 3.623 millones en julio de 2018, es decir, un 51 por ciento.
En términos reales, las transferencias de obra pública se redujeron más de un 80 por ciento.
Por el lado de las transferencias corrientes, se registra un fuerte ajuste en educación, seguridad social y desarrollo social, compensado por un aumento en salud y otras transferencias. En el agregado, las transferencias corrientes pasaron de 6.060 millones de pesos en julio de 2017 a 6.057 millones en julio de 2018, es decir, casi no registraron variaciones en términos nominales, lo que representa un caída mayor al 30 por ciento en la comparación anual.
Ello se produce previo al problema judicial con los contratistas de obra pública y la desaparición del Fondo Federal Solidario (FFS), también conocido como fondo de la soja.
Hacia los meses siguientes se espera que la judicialización de la política afecte aún más estos desembolsos y complique la ejecución de las obras vigentes, deprimiendo aún más la actividad económica, golpeada adicionalmente por la eliminación del FFS.