La gestión de Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dio un paso más en el achique de la planta pública. A través de una nueva resolución, se puso en marcha la desvinculación forzada de trabajadores estatales en edad jubilatoria, sin distinguir si cuentan o no con los años de aportes necesarios.
La medida establece un límite de seis meses para los contratos de estos agentes. Al finalizar ese plazo, quienes no reúnan los requisitos para una jubilación ordinaria quedarán en un limbo legal y económico: sin empleo y sin haber jubilatorio completo.
El refugio en la PUAM: menos ingresos y menos derechos
Para los trabajadores afectados que no alcancen los 30 años de aportes —y ante la inexistencia de moratorias previsionales vigentes—, la única vía de subsistencia será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Monto: $279.443 (80% de una jubilación mínima).
- Limitaciones: No permite dejar pensión por fallecimiento a familiares y ofrece una cobertura de salud restringida a PAMI.
Presión sobre los organismos
La resolución no es solo una sugerencia; es un condicionante. El Gobierno exige a cada organismo estatal presentar las constancias de intimación a los empleados en edad de retiro como requisito indispensable para autorizar la renovación de cualquier otro contrato no permanente.
Esta decisión genera una situación crítica en sectores donde los trabajadores intimados son los únicos con experiencia técnica específica, dejando dependencias operando por debajo del mínimo indispensable.
Los números del ajuste: 80 despidos por día
El impacto del plan de modernización estatal es contundente. Según datos del Centro CEPA y registros oficiales, el panorama es el siguiente:
| Periodo | Reducción de Personal | Porcentaje |
| Diciembre 2025 vs 2024 | -21.600 puestos (aprox) | 7,2% |
| Desde Dic. 2023 | 63.000 puestos menos | 18,4% |
“Esta decisión es cruel e inhumana. Condena a trabajadores con 29 años de aportes a elegir entre la PUAM o la calle”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Un mercado laboral cerrado
Sin moratoria vigente (tras la decisión presidencial de no prorrogar la ley 27.705), la única alternativa para estos trabajadores sería reinsertarse en el sector privado. Sin embargo, en un contexto de caída sostenida del empleo registrado desde hace dos años, la posibilidad de que una persona de 60 o 65 años consiga un nuevo puesto para completar sus aportes es, en la práctica, inexistente.