El Ejecutivo provincial, que impulsó la iniciativa, no podrá decir que es una ley surgida del diálogo, el consenso o la armonía, ya que salió aprobada con votos propios.
Los bloques del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) y el justicialismo opositor (PJ-FPV) rechazaron la reconversión del complejo industrial por algunos de sus artículos, sobre todo los que prevén el despido encubierto de alrededor de 800 trabajadores, sobre los más 1300 que prestan servicios ahora, mediante el adelantamiento de jubilaciones, retiros voluntarios, y otras formas.
El texto de la norma habla de la «afectación y traslado de personal que se desempeña en el ingenio» hacia otros sectores productivos, y faculta al Ejecutivo «a contraer empréstitos, gestionar subsidios y obtener la cesión de los créditos de la Nación sobre la quiebra del ingenio La Esperanza».
Un grupo de trabajadores del ingenio siguieron la sesión desde la barra del recinto, mientras muchos más se instalaron afuera, pese al inusual operativo de seguridad que montó la policía por orden de la presidencia de la Legislatura. Habían llegado al mediodía desde San Pedro.
El miembro informante del Ejecutivo, el diputado provincial Fabián Tejerina, explicó que la nueva Ley tiene la voluntad política de ponerle un límite a la caída libre del Ingenio: “Los trabajadores y las condiciones de trabajo están cada vez peor; y la fábrica y los cañaverales son un desastre. Hay que ponerle punto final a la situación de quebranto y angustia que viven las familias del ingenio desde hace 18 años”.
Por el lado de la oposición, el diputado PJ-FPV Juan Cardozo propuso que el proyecto volviera a comisión, pero su moción no fue aceptada. «Compartimos ciento por ciento la intención de salvar el ingenio, pero con los trabajadores adentro», afirmó en nombre de su bloque.