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La situación de las familias desalojadas del barrio Radio Estación de Tilcara a fines de 2023, en el marco de las obras para el tren turístico de la Quebrada, se ha convertido en un «caso paradigmático de cómo funciona el Estado provincial» en Jujuy. Así lo afirmó la abogada Alejandra Cejas, quien representa a algunos de los damnificados. Algunos se fueron a vivir a lugares más baratos, otros incluso están en situación de calle, mientras comerciantes del lugar vieron completamente obstaculizada su actividad.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Cejas reveló detalles de una ardua batalla legal contra los recursos ilimitados del gobierno provincial. La abogada explicó que hay dos situaciones diferenciables. Por un lado, «el despojo total absoluto para los vecinos que compraron su propiedad ya hace más de 30 años, algunos anteriormente. Sin derecho y sin razón».
Por otro lado, están quienes adquirieron las propiedades «que ahora fueron restringidas y turbadas por las obras, con la desposesión de los espacios públicos para el acceso, el ingreso y egreso, y no pueden cumplir con los fines que tenían al adquirirla».
La situación actual de las familias desalojadas es dramática. Según Cejas, las personas que perdieron sus casas viven «algunos en situación de calle, otros en lugares prestados, otros en lugares que alquilaron». Además, la dificultad de conseguir una propiedad en Tilcara, por el alto costo del metro cuadrado en La Quebrada, ha obligado a algunos a trasladarse a localidades vecinas. Se trata, en muchos casos, de «hijos de ferroviarios, nietos de ferroviarios» que perdieron su hogar histórico.
«El daño que ya se ha realizado es incuantificable», afirmó la abogada, y agregó que hay «sucesión de daños y continuidad en el tiempo».
Transparencia cero
Cejas remarcó especialmente que las obras en Radio Estación «se realizaron para este tren eléctrico que tiene la provincia de Jujuy, que es un tren privado que no cumple el rol de ser un tren con fines públicos».
El conflicto se libra en el fuero federal porque las tierras siguen perteneciendo al Estado nacional, bajo la administración de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), una entidad que se encuentra en etapa de desguace y que se declara «prácticamente incompetente».
«La provincia, como en todos los casos, lo único que pretende es que todas las causas sean en el ámbito provincial, que es el ámbito donde se siente cómodo porque ya sabemos de dónde vienen jueces y fiscales,» afirmó la abogada, remarcando la desproporción de recursos en el litigio.
La situación judicial en torno al barrio Radio Estación no se agota en estas causas iniciadas por las personas que fueron víctimas de los desalojos o los perjuicios provocados por el Estado. Están también las otras causas -en este caso en el fuero provincial- que el propio gobierno provincial impulsó contra algunos de los vecinos.
«Son una multiplicidad de causas que se armaron y que dieron sustento al primer desalojo, en enero de 2024 -explicó Cejas-. Después se siguieron gestando causas penales contra quienes lo único que querían era poder acceder a sus propiedades».
A modo de síntesis, sentenció: «Despojan a propietarios y a tenedores o poseedores pacíficos para fines privados», y cuestionó la falta de transparencia sobre el proyecto del tren.
Y detalló: «Hoy nadie sabe cuál es el total de lo que se ha gastado en ese tren, porque se hizo con endeudamiento público en dólares, desde 2018/2019. Nadie sabe cuál es la utilidad o el fin que se le ha dado, qué recuperó la provincia, qué ganamos nosotros, los ciudadanos de Jujuy, con ese emprendimiento privado».
En este sentido, señaló que esa falta de transparencia que se replica en otros ámbitos, y mencionó los casos de Cannava, Cauchari y los otros parques solares. «No hay rendiciones de cuentas. Siempre termina siendo un pasivo que pagamos todos los vecinos y vecinas de la provincia de Jujuy», planteó.
Y agregó: «En Jujuy estamos ya hace 10 años con un Estado absolutamente cruel, al que no le interesan la seguridad, la salud ni el esfuerzo de las familias jujeñas, sino que solamente tiene miras en los fines comerciales para el pequeño grupo que administra el poder en la provincia».
Los expedientes de la Reforma
Junto a sus colegas Mariana Vargas y Silvana Llanes, Alejandra Cejas actúa en ocho causas iniciadas por los hechos ocurridos en el marco de la represión a las protestas contra la reforma constitucional, en 2023. Están actuando en los casos del 17 de junio -represión en Purmamarca- y del 20 de junio -represión en la Legislatura.
«En la del 17 de junio se ha logrado acceder como querella, pero en la del 20 no se pudo acceder como querella. De hecho, ni siquiera se quieren tomar testimoniales ni denuncias», reveló.
Ese 20 de junio de 2023 se aprobó y juró en la Legislatura la nueva Constitución provincial, mientras en las calles miles de personas se manifestaban en contra de una reforma denunciada como inconsulta y violatoria de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna nacional.
«Había más de 30 mil jujeños y jujeñas en la puerta de la Legislatura -repasó Cejas-, y hubo una violencia gestada por el Estado. Ellos se ponen en un rol de víctima, que no existe porque el Estado nunca puede ser víctima».
Recordó además que ese día «se le pagó a la policía 50 mil pesos, a los jefes de la policía 100 mil pesos, se los dotó de armas, se los dotó hasta de honderas y se puso un container con piedras para que ellos mismos generen la violencia».
En este sentido, reveló que, sobre la base de más de mil fotos y videos que han recopilado, se confirma que «la primera arremetida de piedras viene de la Legislatura hacia la ciudadanía, y no a la inversa».
«Fue el Estado en su conjunto -aseguró Cejas-, porque los tres poderes constituidos coludaron, es decir, se ayudaron y trabajaron mancomunadamente» para sacar adelante una reforma que se convirtió en una «carta de obligaciones para la ciudadanía».
Cejas calificó la situación actual como una «etapa muy oscura de la provincia de Jujuy, donde se han invertido los roles». Según su diagnóstico, el Estado en Jujuy se ha dedicado a hacer «negocios con recursos de todos» en desmedro de la calidad de vida general.
«Hoy el Estado se ha convertido en un Estado que genera dolor, que genera desigualdades, que genera impunidad», concluyó.
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