Una veintena de organismos de Derechos Humanos estallaron contra la reforma de la SIDE de Milei. Advierten que el decreto habilita detenciones arbitrarias, vigilancia masiva de datos personales y el regreso de los militares al espionaje interno.
El clima político se recalienta tras el rechazo tajante de los principales organismos de Derechos Humanos del país al DNU 941-2025. En un durísimo documento, entidades como el CELS, Amnistía Internacional y Poder Ciudadano denunciaron que la reforma del sistema de inteligencia no es solo una reestructuración administrativa, sino un ataque directo a las garantías constitucionales.
«Caza de brujas» y detenciones sin juez
Lo que más alarma a las organizaciones es la facultad otorgada a la SIDE para aprehender personas sin necesidad de una orden judicial previa. Según el documento, esta medida transforma a los espías en una especie de «policía secreta» que operará bajo las sombras, dejando la puerta abierta a la persecución política y la intimidación.
«Es un retroceso histórico peligroso», sentenciaron, recordando que esta discrecionalidad estatal evoca las épocas más oscuras de la Argentina que se creían superadas.
Tus datos, en manos de la SIDE
La denuncia también pone el foco en la invasión a la privacidad. El decreto obliga a 15 organismos públicos a entregar toda la información de los ciudadanos a la SIDE. Sin controles, sin procedimientos claros y bajo un «secreto absoluto», el Estado podrá saber qué hacés, con quién hablás y qué pensás, sin que jamás puedas enterarte de que estás siendo investigado.
El regreso de los militares al control civil
Como si fuera poco, el DNU rompe un pacto democrático de décadas: vuelve a meter a los militares en la inteligencia interna. Al permitir que las Fuerzas Armadas vigilen a «organizaciones no estatales» —un término peligrosamente ambiguo—, el Gobierno borra la línea entre Defensa y Seguridad, ignorando las lecciones de la última dictadura.
El Congreso, entre la espada y la pared
Con la Comisión de Trámite Legislativo paralizada, la oposición tiene la presión de llevar el debate directamente al recinto. El reloj corre: el Gobierno tiene hasta el jueves para formalizar el envío de un decreto que, para los organismos, no es más que un cheque en blanco para el espionaje ilegal y el autoritarismo.
