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Alertan que la Nación retendrá fondos discrecionales por USD 10 mil millones

El análisis del proyecto de Presupuesto presentado en el Congreso encendió las alarmas entre los legisladores de la oposición.

El diputado nacional y tributarista Guillermo Michel advirtió que el esquema propuesto por el Gobierno central asfixia de manera deliberada a las provincias al transferirles obligaciones operativas -como el transporte, la obra pública y la infraestructura docente- sin remitir los fondos correspondientes, al tiempo que recorta drásticamente las transferencias no automáticas.

De acuerdo a la lectura del bloque opositor, el trazado económico no busca únicamente reducir el gasto público, sino concentrar partidas de libre disponibilidad en la administración nacional para condicionar políticamente a las provincias de cara a los próximos compromisos electorales.

Las partidas de la «Jurisdicción 91»

El foco de la denuncia radica en el crecimiento de la denominada «Jurisdicción 91», una herramienta contable que pasa de un presupuesto de 5,6 billones de pesos a 14,8 billones.

Dentro de este apartado se destaca el Programa 99, asignado a «Otras Asistencias Financieras», el cual concentra una cifra equivalente a 10 mil millones de dólares sin metas físicas estipuladas, sin ley de creación específica ni criterios automáticos de reparto.

Según detalló Michel en un informe técnico, esta acumulación de recursos funciona como una caja de auxilio directo frente a gobernadores que no logren cubrir salarios o prestaciones básicas, convirtiendo la asistencia financiera en una moneda de cambio dentro de la negociación política federal.

El impacto en las arcas provinciales

El informe advierte que la pérdida de partidas para las administraciones subnacionales se concreta por un doble mecanismo: la absorción de servicios públicos que el Estado nacional deja de financiar de facto y la severa restricción de giros discrecionales.

De este modo, el proyecto enviado al Parlamento fija un escenario de negociación tensa entre la Casa Rosada y las provincias, reconfigurando la distribución de los recursos públicos y condicionando el margen de maniobra de los mandatarios provinciales.

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