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Luego de que su casa de San Pablo fuera allanada por la Policía Federal brasileña y de que le tomaran declaración por más de cuatro horas en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculado a la investigación por corrupción en la empresa Petrobras, el expresidente brasileño Lula Da Silva se instaló en la sede del Partido de los Trabajadores (PT) y fue recibido por una multitud que le manifestó su apoyo.
Lula Da Silva no fue detenido y sus abogados presentaron un habeas corpus. Por la mañana, «la Policía Federal hizo una operación de allanamiento e incautación (de documentos) en la casa de él, del Instituto Lula y de una serie de asesores y personas de su familia», dijo a la agencia AFP José Chrispiniano, asesor de prensa del expresidente y del instituto que lleva su nombre.
Durante el procedimiento judicial de esta mañana también fueron llevados uno de sus hijos, Fabio Luíz Lula da Silva, y Paulo Okamoto, presidente del Instituto Lula, entidad que también fue allanada.
«Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte», sostuvo la fiscalía del estado de Paraná, a través de un comunicado.
«También son investigados pagos al expresidente realizados por empresas investigadas en la Operación Lava Jato, a título de supuestas donaciones y conferencias», añadió. En tanto, la policía informó que cerca de 200 agentes federales y 30 auditores cumplen 44 mandatos judiciales (33 de búsqueda y aprehensión y 11 de conducción coercitiva) en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Bahia.
La operación realizada este viernes forma parte de la indagatoria de crímenes de corrupción y lavado de dinero vinculados a la trama que desvió más de 2 mil millones de dólares de Petrobras, y no incluye órdenes de prisión.
Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista acusando a la presidenta Dilma Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula, que gobernó el país de 2003 hasta 2010, de estar al tanto del esquema de corrupción.
‘Arbitraria e ilegal’
El Instituto Lula criticó la detención del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y la calificó como «arbitraria, ilegal e injustificable».
«La violencia practicada hoy contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente, es una agresión al Estado de derecho que afecta a toda la sociedad brasileña», aseguró la organización en un comunicado.
