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En el marco de las investigaciones vinculadas a amenazas e inscripciones intimidatorias en escuelas de Jujuy, hay 30 adolescentes señalados como presuntos responsables, mientras se tramita un total de 91 legajos.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA), informó que actúan los fiscales Pablo de Tezanos Pinto y Juan Carlos Baiud, titulares de las Fiscalías de Niños, Niñas y Adolescentes Nº1 (de San Salvador de Jujuy) y Nº2 (de San Pedro), junto a sus equipos de trabajo, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia.
El organismo precisó que hasta el día de la fecha, se tramitan 91 legajos, de los cuales 29 corresponden a la zona del ramal y 62 al resto de la provincia.
En ese marco, hay 30 menores de edad sobre quienes se avanza en la promoción de la acción penal. Las audiencias imputativas han sido fijadas para la próxima semana.
El MPA aclaró que no hay detenidos y que, hasta el momento, no se registran personas mayores de edad vinculadas a estos hechos.
En el avance de las investigaciones, se ejecutaron 13 allanamientos y se concretó el secuestro formal de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para las causas.
Asimismo, se registraron entregas voluntarias de teléfonos celulares y otros elementos por parte de padres que colaboran con la investigación, quienes además pusieron a disposición a los menores.
En paralelo, se continúan realizando entrevistas videograbadas mediante el sistema de Cámara Gesell, incorporando evidencia a los legajos, junto a declaraciones testimoniales.
Por otra parte, se libraron oficios a la Jefatura de Policía para la implementación de servicios de prevención en los establecimientos educativos afectados, con el objetivo de resguardar la integridad de alumnos y personal docente, en un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad.
En su comunicado, el MPA resalta que «no se trata de bromas o chistes, sino de conductas tipificadas como delito que son y serán objeto de investigación y eventual sanción conforme a la ley».
En ese sentido, destaca la importancia de la intervención temprana y el acompañamiento de los adultos responsables, por lo cual convoca al compromiso de las familias, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto, apelando a la responsabilidad colectiva para prevenir, abordar y dar respuesta a este tipo de situaciones desde una perspectiva integral.
