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En un comunicado prensa, dado a conocer esta mañana, Amnistía Internacional asegura que “la pena contra un abogado en Jujuy, sienta un grave precedente, profundiza la criminalización de la protesta”.
La sentencia de 3 años y 6 meses de prisión, por el delito de “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real” contra el abogado Alberto Nallar “es un serio precedente ya que se observa un intento de disciplinamiento de la protesta social”. Asimismo, la justicia le impuso un embargo e inhabilitación para ejercer su profesión.
Alberto Nallar es un abogado defensor de derechos humanos que fue condenado el pasado martes ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Jujuy por presuntos hechos cometidos entre el 17 de junio y el 10 de julio en los cortes de ruta que tenían lugar en esa provincia en contra de la reforma de la Constitución Provincial. Por el momento, Nallar continúa en libertad ya que la condena aún no se encuentra firme.
A partir de la reforma constitucional llevada a cabo de manera inconsulta, hubo distintos focos de represión policial, especialmente en Purmamarca, Humahuaca y en San Salvador de Jujuy.
A su vez el inicio de numerosas contravenciones y causas penales en contra de los manifestantes reflejan también un peligroso intento de disciplinamiento contra la libertad de manifestación y reunión.
“Mi caso demuestra el problema real que hay acá en Jujuy. Estoy por la defensa del Estado de Derecho. Para mí lo importante es la lealtad con los principios de la gente que estaba en las rutas, con los manifestantes”, señaló Nallar tras la sentencia.
“Esta sentencia es un mensaje que intenta disciplinar a quienes alzan su voz por reclamar derechos. Además, en este caso se impide que quien ha sido condenado continúe ejerciendo su profesión. Los habitantes de Jujuy tienen derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como a ser informados acerca de medidas que podría afectarlos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En julio, Amnistía Internacional y la organización Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentaron ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una solicitud de llamamiento urgente, en relación con la detención del abogado defensor de derechos humanos Alberto Elías Nallar en Jujuy.
La solicitud se envió también a la Relatoría Especial sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación; a la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y los abogados y a la Relatoría Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Asimismo, en julio, Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente para exigir la liberación del abogado Nallar, acusado del delito de sedición.
Del 25 al 29 de septiembre una delegación de Amnistía Internacional visitó la ciudad de San Salvador de Jujuy y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques en la provincia de Jujuy.
La organización entrevistó al menos a 110 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial. Allí pudimos documentar serias preocupaciones en relación con el ejercicio del derecho a la protesta.
Amnistía Internacional continúa monitoreando la situación en Jujuy y llama a poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
Protestas en Jujuy
El 20 de junio de 2023, la Convención Constituyente de Jujuy aprobó una reforma parcial de la Constitución provincial sin participación social y sin el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones indígenas.
A partir de dicha reforma, se desataron protestas en toda la provincia de Jujuy en el marco de las cuales tuvieron lugar numerosas violaciones a derechos humanos debido a la represión policial en diferentes puntos de la provincia.
Entre los temas que han levantado preocupación a la población se encuentran:
- La restricción a formas de manifestación pública
- Cuestiones de materia ambiental, incluyendo el régimen de aguas y de exploración o explotación ambiental
- Ejercicio de consulta y participación y de propiedad territorial de los pueblos originarios.
