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“Resulta inadmisible que, haciendo uso del legítimo ejercicio de sus derechos humanos para reclamar a las autoridades, las comunidades originarias hayan sido víctimas de violencia, abusos y detenciones arbitrarias», advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en el marco de la presentación del informe preliminar elaborado por esa organización referido a los hechos ocurridos en Jujuy en torno a la reforma de la Constitución provincial.
Una delegación de Amnistía Internacional (AI) visitó la ciudad de San Salvador de Jujuy y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques entre el 25 y el 29 de septiembre.
La organización entrevistó al menos a 107 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial. Además, pidió reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy sin que hasta el momento haya recibido respuesta.
La organización compartió sus hallazgos preliminares que anticipan el informe que elaborará y presentará a las autoridades, comunidades y sociedad en general.
“Luego de llevar a cabo la aprobación de una nueva Constitución sin consultar a la población y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios, hemos encontrado que la policía de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”, agregó.
Lesiones sin atención
En su relevamiento, Amnistía Internacional constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza en las protestas, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma, que derivó en múltiples casos de lesiones de quienes se manifestaban.
A partir de testimonios tomados en forma directa y de registros audiovisuales analizados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional, la organización verificó que la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban.
Dos de ellas resultaron con lesiones oculares permanentes, incluido un adolescente que recibió disparos de balas de goma en el rostro y en el torso.
«Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, los disparos de balas de goma hacia la cabeza o la parte superior del cuerpo están prohibidos», advierte AI, y explica que además estos proyectiles «deben ser utilizados únicamente para apuntar a una persona en concreto involucrada en actos de violencia y sólo cuando otros medios menos extremos sean insuficientes».
En su informe preliminar, la organización internacional menciona la presencia de policías uniformados en vehículos particulares, sin identificación, como también otros funcionarios no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y piedras.
Muchas de las víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional que sufrieron lesiones físicas relataron haber encontrado resistencia y hasta la negación a la atención médica en más de un hospital público en la provincia.
«Tal como lo señalan los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, las autoridades tienen la obligación de brindar asistencia y servicios médicos a las personas heridas lo antes posible», aclaran.
Detenciones arbitrarias y persecución
Amnistía Internacional también escuchó múltiples relatos de detenciones a personas por el solo hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de privación de la libertad.
Por ejemplo, durante las protestas realizadas en San Salvador de Jujuy el 20 de junio, más de 70 personas fueron privadas de su libertad. Sin embargo, según información del Ministerio Público de Acusación, solamente “dos o tres” de ellas están siendo investigadas por supuestos hechos de violencia cometidos durante las manifestaciones, mientras las demás fueron liberadas sin ningún cargo.
En el informe preliminar, AI menciona la detención de un menor de edad y el caso de una mujer que fue obligada a desnudarse frente a un grupo de policías varones.
Sobre las contravenciones, la organización afirma que son usadas «para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes» y las califica como «otra forma de criminalización de las protestas en Jujuy».
«En muchos casos se ha documentado que por los mismos hechos se investiga a la misma persona penalmente también, afectando la garantía de prohibición de doble juzgamiento», agrega el informe.
Por otro lado, señala que mientras 180 casos de policías que habrían resultado heridos durante las protestas están siendo investigados por las autoridades, «se ha constatado una falta de proactividad de las autoridades para investigar los posibles abusos cometidos por agentes de seguridad durante las manifestaciones».
“Resulta inadmisible que, haciendo uso del legítimo ejercicio de sus derechos humanos para reclamar a las autoridades por la falta de consulta previa a un instrumento tan central como la Constitución provincial, las comunidades originarias hayan sido víctimas de violencia, abusos y detenciones arbitrarias», advierte.
Amnistía refiere que «jóvenes, mujeres y líderes indígenas transmitieron la importancia que le dan a la gestión de los recursos naturales en su cosmovisión y formas de subsistencia y cómo el haber sido excluidos de su derecho a participar en las reformas impuestas les empujaron a salir a las calles a protestar como herramienta para hacerse escuchar».
«Estas personas luchan por su vida en un contexto de exclusión absoluta y las autoridades deben respetar sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
“El pueblo de Jujuy tiene el derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como de ser informado y participar de medidas que afecten sus derechos. Las autoridades de la provincia deben garantizar estos derechos e investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas”.
