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Amnistía Internacional Argentina (AIAR) advirtió que aún persisten en el país obstáculos para el efectivo acceso a la interrupción del embarazo en condiciones de calidad en el sistema de salud privado, y señaló que más de la cuarta parte de los reclamos por barreras en el acceso a la IVE de personas con cobertura privada se resolvieron en el sistema público, lo que agudiza el colapso del sector.
Así lo indicó en un informe dado a conocer hoy, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que cada 28 de septiembre exige a los gobiernos el acceso efectivo a ese derecho.
Desde la sanción en la Argentina de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Legal (ILE) y Voluntaria (IVE) del Embarazo -aprobada en el Congreso en diciembre de 2020 y promulgada en enero de 2021- la organización identificó «cientos de usuarias que se enfrentaron con graves obstáculos de acceso a la práctica».
De acuerdo con el relevamiento de Amnistía, fue en el sistema privado de salud el ámbito en el que se registraron más barreras.
En este sentido, el trabajo detalla que un 35% de las reclamantes ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSN) y un 54% de los reclamos ante la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores denunciaron que se le negó el acceso a la ILE/IVE.
AI añadió que desde la puesta en vigencia de la ley, acompañó más de 50 casos de personas con obstáculos en el acceso al aborto, de los cuales más del 35% corresponden a usuarias con cobertura del sector privado, en un contexto donde se estima que más del 60% de la población que reside en el país cuenta con cobertura de salud a través de obras sociales (OS) y de entidades de medicina prepaga (EMP).
«Persisten obstáculos para el efectivo acceso a la interrupción del embarazo en condiciones de calidad en dicho sector», señala el relevamiento difundido hoy por Amnistía Internacional Argentina.
Cuando las personas afiliadas a una OS o EMP encuentra barreras o impedimentos para acceder a algunas de las prestaciones de salud tendientes a la interrupción del embarazo, tienen principalmente dos vías de reclamo provistas por el Estado: la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación o la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores.
A partir de información oficial, la organización internacional relevó que, desde la sanción de la ley a abril de 2022, la SSSN recibió 319 reclamos, asociados a desafíos en el acceso al aborto de todas las jurisdicciones país.
De los 319 reclamos. la mayoría (35%) se originó a partir de la denegación de la prestación (un total de 102 situaciones).
En segundo lugar (29%), se ubicaron los vinculados con la medicación (85 ) y en tercer lugar (17%) los problemas de reintegro (49 reclamos) seguidos por los de «demora» e «IVE fuera de plazo» (26 reclamos, que representan un 9%).
El 10% restante fue por falta de información, por la obstaculización de la práctica, los derivados de la objeción de conciencia, y otros sin precisar (30 reclamos).
En términos de distribución geográfica, la mayor cantidad de demandas provinieron de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y de Salta.
Por otro lado, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores informó que, al 31 de enero de 2022, recibió 361 reclamos provenientes de todo el país.
El obstáculo más denunciado fue la denegación de la práctica y la falta de cobertura al ciento por ciento por parte de OS o EMP.
Las provincias desde las cuales se recibieron mas reclamos fueron Buenos Aires, CABA, Salta, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y San Juan.
«Las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben brindar a sus afiliadas la cobertura integral obligatoria de la IVE e ILE, mediando un trato digno y pleno acceso a la información», subrayó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En ese sentido, consideró que estos organismos «deben fortalecer los equipos de trabajo que resuelven los reclamos por obstáculos de acceso a IVE, aplicar las sanciones correspondientes frente a incumplimientos, y exigir garantías de no repetición para que ninguna otra mujer tenga que enfrentar nuevamente barreras en el ejercicio de derechos».
En marzo de este año, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) del Ministerio de Salud confirmó que en el primer año de vigencia de la ley IVE se realizaron 59.358 interrupciones de embarazo en el sistema público de salud en todas las provincias.
El informe de Amnistía valoró a la Argentina «como un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva, en un mundo donde Estados Unidos o países europeos como Hungría restringen el acceso al aborto».
La Ley 27.610 establece que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a elegir la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin dar motivos (Interrupción voluntaria del embarazo-IVE), y solicitar la interrupción legal (ILE) si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro su vida o su salud.
El Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se celebra hoy, fue establecido en 1990, en el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en la Argentina.
-Reclamos ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación desde cualquier lugar del país: https://www.argentina.gob.ar/sssalud/usuario
-Reclamos ante la Dirección Nacional de Defensa de las y los consumidores desde cualquier lugar del país: https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/hacer-un-reclamo/practicas-de-salud/ive
