A través de una acción urgente, la organización solicitó que se garantice la integridad física de Milagro Sala, se ordene su inmediata liberación y se ponga fin a la persecución de la dirigente y las organizaciones sociales.
Los delitos que se le imputan a Milagro Sala están contemplados en los artículos 209 y 230 inciso dos del Código Penal. El 209 establece una pena de entre dos y seis años para quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. El 230 determina un castigo de cuatro años de cárcel para aquellos que, de acuerdo con el inciso dos, “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos”.
El domingo 17 de enero los abogados de la Tupac Amaru presentaron un recurso de hábeas corpus para que se libere a Sala de prisión preventiva, el cual fue rechazado.
Ese mismo día, el juez ordenó el desalojo del acampe de las organizaciones. En su decisión, el juez ordena “que se arbitren los medios necesarios para que cese el estado antijurídico existente a fin de garantizar el transporte público de pasajeros”.
La organización invita a adherir a esta acción escribiendo a las autoridades para pedir «que se garantice la integridad física de Milagro Sala y se ordene su inmediata detención», y «que se ponga fin a la persecusión de Milagro Sala y las organizaciones sociales», señalando además que dichas comunicaciones deben enviarse al gobernador Gerardo Morales, al fiscal de Estado, Mariano Miranda, y a la fiscal Liliana de Montiel.
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