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Una delegación de Amnistía Internacional visitará la provincia de Jujuy los próximos 25, 26 y 27 de septiembre para recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno local. Así lo confirmaron referentes de los pueblos indígenas en una conferencia de prensa que brindaron este viernes en la sede del sindicato de profesores, acompañados por la secretaria general, Mercedes Sosa.
«El 25, 26 y 27 de septiembre, Amnistía Internacional viene a recibir denuncias de los delitos de lesa humanidad que está cometiendo el gobierno de Jujuy, a través del gobernador Gerardo Morales, hacia docentes, comunidades originarias y todos los sectores que salen a protestar por sus derechos», señalaron en la conferencia.
Los representantes de comunidades expresaron además su preocupación por el decreto firmado por Morales el 4 de este mes en el que suspende los trámites de prescripciones adquisitivas sobre propiedades del Estado. «Va lisa y llanamente en perjuicio de la propiedad de las tierras que nosotros ocupamos milenariamente», advirtieron.
Sobre este punto, alertaron que «la reforma ya se está consumando».
«Este decreto del gobernador afecta directamente a los intereses y la propiedad de las tierras de los pueblos originarios y del resto de los ciudadanos. Nos preocupa mucho porque está consumando una violación a los derechos, cuando ellos habían dicho en la reforma que no afectaban a las comunidades originarias. Ha sido una mentira», afirmaron.
La conferencia tuvo lugar en la sede del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), con la presencia de la secretaria general, Mercedes Sosa, en representación de la Intergremial. También contaron con el acompañamiento de la Multisectorial Contra la Reforma. Allí, los y las comuneras convocaron a «toda la sociedad jujeña y las personas afectadas» a que hagan las denuncias referidas a «este atropello caracterizado como delitos de lesa humanidad».
La calificación de «delitos de lesa humanidad» se apoya en las conclusiones del informe que se conoció en los últimos días, elaborado por la Misión de Solidaridad Internacional en Derechos Humanos, en el que se detallan los hechos de violencia institucional ocurridos en torno al debate y la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial.
«El gobernador ha usado recursos del Estado, como la policía y la justicia, para perseguir y amedrentar», afirmaron en la conferencia, y señalaron que «estos días se ha visto en la Legislatura cómo sigue actuando la policía con las contravencionales», en referencia al hostigamiento que sufrieron representantes de comunidades que se manifestaron en la puerta del Legislativo provincial.
Los participantes en la conferencia repudiaron además a «los medios locales que hacen oídos sordos y no ayudan a romper el cerco mediático que impone el gobierno de Gerardo Morales».
En la actividad, hicieron referencia a la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en Jujuy creada por decreto por el presidente Alberto Fernández, y detallaron quiénes serán sus integrantes: Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj); el pastor evangélico Leonardo Schindler; la antropóloga Diana Lenton; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y el jurista y abogado laboralista Humberto Podetti. La coordinación de la tarea de la Comisión estará a cargo del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Ariel Przybylski.
Los referentes comunitarios destacaron que la creación de esta Comisión fue consecuencia de «los planteos y reclamos que han hecho las comunidades indígenas que se iniciaron a partir de la protesta pacífica contra la reforma inconstitucional e ilegal de la Constitución de Jujuy».
El objetivo, señalaron, es promover una investigación de la violencia que han padecido las comunidades, «sin observar las recomendaciones que existen al respecto a nivel internacional».
«Violencia de todo tipo, física y también psicológica», aclararon.
En tanto, recordaron, «se continúa con la gestión para que el Congreso de la Nación reciba a las comunidades». En este caso, el reclamo es para que el Poder Legislativo avance en el debate de los proyectos de intervención federal de la provincia de Jujuy que ya fueron elaborados.
