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La organización de derechos humanos Amnistía Internacional se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación, en calidad de “amigo del tribunal”se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación, en calidad de “amigo del tribunal” en tres causas judiciales que investigan las graves lesiones sufridas por Liam Lamas, Ernesto Aguirre y Joel Paredes, quienes perdieron la visión de un ojo durante la represión de las protestas en Jujuy en junio de 2023 por la reforma constitucional.
Con esta intervención, la organización busca contribuir al avance de las investigaciones y a la determinación de responsabilidades por la violencia institucional ejercida por el gobierno de Gerardo Morales en forma excesiva y desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones contra la reforma constitucional provincial.
Los hechos ocurrieron en distintos momentos de las protestas. El 17 de junio, en Purmamarca, Liam Lamas, de 17 años, participaba de una manifestación pacífica cuando recibió un disparo de bala de goma que le provocó la pérdida de su ojo derecho. 72 horas después, Ernesto Aguirre fue impactado en el rostro por un cartucho de gas lacrimógeno en San Salvador de Jujuy, lo que le causó la pérdida de visión en un ojo y otras lesiones, cuyas secuelas persisten hasta hoy.
El 1 de julio, en Humahuaca, Joel Paredes, músico y ceramista, fue herido por una bala de goma mientras participaba de una protesta, lo que también derivó en la pérdida de la visión de un ojo.
A casi tres años de estos hechos, las investigaciones judiciales presentan escasos avances y no se han determinado responsabilidades. Para Amnistía Internacional, estos casos no son hechos aislados, sino representativos de un patrón de represión desplegado durante las protestas en Jujuy en 2023.
“Las investigaciones judiciales presentan escasos avances. La Justicia tiene un rol fundamental en esclarecer estos hechos y garantizar la rendición de cuentas frente al uso excesivo de la fuerza”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En su presentación, la organización también recuerda las obligaciones del Estado argentino de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, así como de regular el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional insiste en la necesidad de una investigación oportuna y exhaustiva que permita identificar tanto a quienes ejecutaron como a quienes ordenaron los operativos represivos, y garantizar así el acceso a la justicia para las víctimas.
¿Qué pasó en Jujuy en 2023?
En su informe Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad, Amnistía Internacional señala que no hubo avances significativos en la rendición de cuentas por la represión y la criminalización de las protestas sociales en 2023.
Entre mayo y junio de ese año, la provincia aprobó una reforma constitucional cuestionada por su impacto en los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, sin procesos adecuados de participación. Esto generó una masiva movilización social que fue respondida con represión, violencia e intimidación.
La organización documentó un uso ilegítimo, arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluyendo disparos de balas de goma y gases lacrimógenos de forma indebida. La represión dejó al menos 170 personas heridas, varias con lesiones graves en el rostro y al menos tres con pérdida de visión en un ojo.
Además, se registraron al menos 99 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, junto con denuncias de malos tratos, incluso contra niños, niñas y adolescentes.
