Recientemente el legislador, junto al diputado nacional Mario Fiad, la diputada provincial Manuela Cabello, los ediles Oscar Jayat y Edda Romero, el Presidente del Comité de Libertador, Olver Legal y la asesora letrada Fernanda Yapur, titular de la Fundación Pámpanos , brindaron una conferencia de prensa en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, donde precisaron los términos de la demanda judicial entablada contra el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Nación.
En el amparo se ha solicitado a la justicia que prohíba la explotación de petróleo en el Parque Nacional Calilegua, por tratarse de una actividad prohibida por la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Parques Nacionales, las Constituciones Provincial y Nacional y prohibida también por los Tratados Internacionales incorporados a la Carta Magna.
Durante el encuentro con la prensa, además los dirigentes radicales volvieron a reclamar la remediación de pasivos ambientales ubicados dentro del Parque Calilegua, y en particular el generado por el Pozo E3, que es un foco contaminante del arroyo Yuto que se une al río San Francisco, afluente del Río Bermejo.
Baca precisó que “el Pozo E3 produce un residuo peligroso que contamina doscientos mil litros de agua por día. Convirtiéndose así en una de las 36 fuentes de residuos de petróleo no controladas que existen hoy en el Parque Nacional Calilegua”.
La denuncia abarca, según lo sintetizado por el legislador, tres aspectos fundamentales. Por un lado la ilegal explotación de hidrocarburos, ya que tanto la Ley de Hidrocarburos como la Ley de Parques Nacionales prohíben la explotación de cualquier actividad industrial y particularmente de petróleo, en territorios ecológicamente protegidos.
En segundo lugar, los legisladores radicales denuncian la existencia de pasivos ambientales que no solo contaminan el ecosistema natural, sino que además ponen en riesgo la vida de los habitantes de localidades y pueblos aledaños al Parque Nacional Calilegua. Y, finalmente, las autoridades radicales ponen de manifiesto que la explotación de petróleo afecta el agua que potencialmente serviría para el consumo humano, precisamente en la localidad de Caimancito.
Baca, explico el por qué de la denuncia: “En el parque hay una reserva estricta que fue establecida por Ley y a pesar de ello se está llevando adelante la explotación de petróleo”. Asimismo, responsabilizó de manera tajante al gobierno provincial por la ilegalidad de dicha actividad.
“La explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua –expresó- se está incrementando debido a las políticas del gobierno provincial que pretende llevar adelante nuevos emprendimientos, nuevos contratos, y crear nuevas zonas de explotación”.