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Amplios sectores repudian la designación de Navarro en el Congreso Nacional

Organizaciones y colectivos de los más diversos sectores se sumaron al repudio por la designación de Néstor Navarro en la Cámara de Diputados de la Nación. El exfuncionario del área de Seguridad en la provincia está denunciado e imputado por abuso sexual contra una joven cercana a su familia, que en el momento de los abusos era aún una niña.

En agosto pasado se hizo efectiva y pública la denuncia judicial. Navarro, quien tiene un lazo de parentesco con el gobernador Gerardo Morales, renunció casi de inmediato al cargo de secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad. Pero continuó ligado a la administración pública provincial, al integrarse como agente administrativo en la Legislatura, más precisamente en el bloque de la Unión Cívica Radical.

El 3 de enero pasado, el presidente de la Legislatura, el vicegobernador Carlos Haquim, firmó la resolución en la que le concede a Navarro la licencia sin goce de haberes que había solicitado, con el fin de asumir un «cargo de mayor jerarquía» en la Cámara de Diputados de la Nación.

«El caso de Néstor Navarro se suma a una serie de situaciones que muestran el desinterés y la falta de compromiso del gobernador Gerardo Morales para erradicar la violencia de género, en clara contradicción entre el discurso que sostiene públicamente y las acciones que realiza en favor de funcionarios que ejercen violencia machista, garantizándoles impunidad», expresa el colectivo Periodistas Feministas de Jujuy en un comunicado que contó con la adhesión de organizaciones de mujeres y disidencias, sindicales, políticas y universitarias.

En el comunicado, se exige «que todos los funcionarios denunciados por violencia de género, abuso sexual o violencia laboral sean apartados de sus cargos, en lugar de ser premiados con nuevos nombramientos»; se expresa la solidaridad con las denunciantes de este tipo de situaciones, «a quienes el estado provincial les niega la asistencia y el apoyo que por derecho les corresponde» y se demanda «que la justicia actúe de acuerdo a la ley para que los violentos no queden impunes».

El documento cuenta con la adhesión de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias; la Diplomatura en Violencia de Género, Derechos y Movimientos de Mujeres de Humanidades; la ONG Juanita Moro; Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy (PUAJ); la Corriente Sindical Marina Vilte; la Agrupación Verde y Blanca de ATE; Capoma-DDHH; La Cámpora Jujuy; Mujeres Peronistas de Jujuy, y la Organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones.

Un exfuncionario provincial imputado por abuso sexual se recicla en la Cámara de Diputados de la Nación

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