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El juez Daniel Bejas decidió la falta de mérito a favor de los imputados y Andhes apeló la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones. La organización representa a la familia de Fidel Ortíz, ex Secretario General del Sindicato del Ingenio Fronterita, de Tucumán, quien fue secuestrado de una Colonia perteneciente a la fábrica y se encuentra actualmente desaparecido.
De la investigación fiscal surge que, durante los años 1975 a 1977, al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, o que vivían en sus colonias, pasaron por el Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en las instalaciones de la fábrica. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy, desaparecidas.
Por estos casos la el Ministerio Público Fiscal (MPF) y Andhes acusaron a accionistas de la firma, al propietario del Ingenio y a miembros del Directorio de la empresa por su complicidad en numerosos delitos, como privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, aplicación agravada de torturas, violación de domicilio, desaparición forzada de personas, entre otras gravísimas violaciones a los Derechos Humanos.
Los imputados son: Jorge Alberto Figueroa Minetti, administrador y accionista de la firma José Minetti & Cía. Ltda. SACI, propietaria del ingenio, y a Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos, miembros del Directorio de la empresa y propietarios del Ingenio La Fronterita.
En una decisión arbitraria, el juez Federal Daniel Bejas declaró la falta de mérito a favor de los acusados, basándose en que los mismos no formaron parte del grupo de empresarios ligados a los militares ni fueron beneficiados por estos, sino que por el contrario fueron víctimas del accionar de las fuerzas represivas en igual medida en que lo fueron obreros, militantes y sindicalistas. “Este razonamiento es muy peligroso al considerar como víctima, y no como responsable penal, a cualquier actor civil que hubiese contribuido a la perpetración de crímenes de lesa humanidad cometida por el terrorismo de Estado”, expresó Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes.
Por otro lado, Gabriel Pereira, coordinador del equipo de Complicidad empresarial del área de Memoria y Pablo Gargiulo, abogado litigante de Andhes, expresaron que “el Juez solicita desviar la investigación a los grupos de tareas que habría intervenido en los hechos, dejando de lado las hipótesis de responsabilidad de los acusados por nuestra organización y el fiscal”.
Esta postura del Juez contrasta abruptamente con la prueba producida en la causa. La investigación llevada a cabo por el fiscal demuestra que los empresarios acusados no fueron víctimas, sino que fueron privilegiados por una política tendiente a garantizar sus intereses. Gracias a esta política, durante el período analizado pudieron reducir abruptamente la cifra de mano de obra contratada por el Ingenio La Fronterita, reduciendo enormemente sus costos laborales e incrementando así notablemente sus ganancias. Pudieron, además, adquirir el Ingenio Bella Vista a un bajísimo costo, entre otros beneficios.
Las pruebas indican que los propietarios y administradores del Ingenio Fronterita, compartían con las autoridades militares un interés común: disciplinar a los trabajadores para acumular la máxima ganancia posible. Para eso fue necesario actuar contra los dirigentes sindicales y las bases obreras combativas, que son las verdaderas víctimas de esta causa y fueron quienes sufrieron los secuestros, las torturas y en muchos casos la muerte y la desaparición.
La empresa mantuvo silencio respecto de todos estos hechos aberrantes, a pesar de haber estado siempre en conocimiento de ellos, y aun en tiempos de democracia, omitió denunciar lo sucedido a las autoridades judiciales o a los funcionarios de la Conadep y de la Comisión Bicameral de Tucumán, encargadas de reconstruir la verdad de lo ocurrido durante el terrorismo de estado en la provincia.
La querella
En 2018 la organización presentó una querella representando a Hortensia Ortíz y Fidel Jacobo Ortíz, hijos de Fidel Jacobo Ortíz, ex trabajador del Ingenio Fronterita y Secretario General del Sindicato, quien fue secuestrado de una Colonia perteneciente al Ingenio y se encuentra actualmente desaparecido.
El caso de Jacobo Ortíz y la participación esencial del Ingenio Fronterita en la violación de sus derechos fundamentales demuestran que la impunidad por la comisión de delitos de lesa humanidad todavía en la actualidad sigue beneficiando a importantes sectores de la sociedad argentina.
Para Andhes resulta fundamental ensanchar los contornos del terrorismo de Estado, dando cuenta de la participación de los actores económicos en el entramado del horror, aportando a un proceso de memoria, verdad y justicia completo. Este caso es parte de un conjunto de causas que se tramitan a lo largo de nuestro país que dan cuenta que determinados grupos económicos no solo se vieron beneficiados por la dictadura, sino que también participaron activamente en la estructura del terrorismo de Estado.
A su vez, la querella presentada por Andhes se enmarca en esfuerzos internacionales que buscan establecer los derechos humanos como marco fundamental donde deben operar las empresas. En países como Brasil, Chile, Colombia, y Estados Unidos, diferentes tribunales siguen el ejemplo fundacional de los tribunales de Nuremberg que, al juzgar al régimen Nazi, determinaron las responsabilidades legales de ciertos actores económicos en la comisión de los crímenes más atroces que la humanidad haya sufrido. Esos impulsos han tomado forma en diferentes regulaciones que las Naciones Unidas han promovido en cuanto a la necesidad de que las empresas cumplan con la obligación fundamental de no violar derechos humanos.
