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Los abogados Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti presentaron una apelación del fallo del juez Patricio Alejandro Maraniello, quien le otorgó al Gobierno nacional una cautelar para censurar la difusión de nuevos audios relacionados con la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el circuito de distribución de medicamentos.
Según los abogados, la decisión del magistrado causa un «agravio colectivo irreparable» a toda la sociedad.
En el escrito, Loreti y Gil Domínguez solicitaron que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial federal «haga lugar al recurso de apelación interpuesto y revoque la decisión jurisdiccional cautelar de grado, con costas en el orden causado».
Los letrados señalaron que la decisión de Maraniello de impedir la difusión de los audios que tenían los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial -y que finalmente fueron emitidos en un programa uruguayo- va en contra del «derecho humano colectivo a recibir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección».
El derecho a la información, puntualizaron, está protegido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que desde el ’94 tiene rango constitucional en Argentina), el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los audios censurados por el magistrado eran atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según Martín Menem, la grabación habría sido realizada en Diputados. El vocero Manuel Adorni aseguró que «se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
Si bien los audios publicados hasta el momento no develan ningún delito, los relatos periodísticos aseguran que habría casi una hora de material que podría complicar a la hermana del Presidente.
Tras el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, se filtraron otros de Karina Milei. «No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad, acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada», se la oye decir a la hermana del mandatario. Si bien allí no se hace mención a las coimas en la ANDIS, el Gobierno está preocupado ante la posibilidad de que existan más audios.
La demanda del Gobierno fue presentada por el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad Nacional, y cayó en el Juzgado Federal Nº12 subrogado por el juez Julián Ercolini y cuyo fiscal es Carlos Stornelli.
En la misma se solicitaba una medida cautelar para frenar la publicación de nuevos audios. El propio presidente Javier Milei citó el tuit de Adorni: «Operación de inteligencia ilegal», escribió, en mayúsculas, el jefe de Estado.
En Comodoro Py, Stornelli le siguió la corriente al Gobierno e impulsó una investigación. Aunque no avanzó con el allanamiento a periodistas (como reclamaba Patricia Bullrich), pidió información sobre Carnaval Stream y el portal Data Clave, que difundieron los audios sobre coimas.
El fiscal, además, parece querer empiojar la investigación sobre esos presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ya que dice que no se limitará a los audios de la secretaria general de la Presidencia ya que la presentación judicial habla de una «operación» que incluye «grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público», en evidente alusión a Diego Spagnuolo.
Otra apelación contra el juez censura
Cabe recordar que duranta la semana pasada, Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, apeló la medida cautelar que dicto Maraniello a favor de Karina Milei para prohibir que se difundan supuestos audios grabados en Casa Rosada.
En la resolución el magistrado remarcó que ello no implica una censura previa, en tanto busca proteger «la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos» que surgiría de los audios anunciados en medios de comunicación y redes sociales.
Fontevechhia, patrocinado por Roberto Gargarella, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi y Hernán Gullco, presentó un recurso de revocatoria con apelación con subsidio.
En la presentación explicó que el Enacom le notificó la resolución. Explicó que NetTV es una señal de TV alcanzada por la medida cautelar dictada.
Asimismo, recordó que el art. 198 CPCC confiere legitimación para recurrir las medidas cautelares al afectado por dichas medidas y que la compañía era un tercero interesado.
“De ese modo, y dada la ausencia de una contraparte en la resolución, el único modo de que esta resolución pueda ser cuestionada es precisamente que lo hagan sus afectados directos, como lo son los medios de prensa sobre los que recae la prohibición. De lo contrario se estaría privando a personas cuyos derechos son afectados por una decisión jurisdiccional de un mecanismo de tutela judicial efectiva”, argumentó.
Además de citar el marco normativo nacional, internacional y la jurisprudencia aplicable, el empresario cuestionó los términos utilizados por el juez en su resolución.
Interponen recurso de revocatoria
