Los linchamientos producidos en la Argentina en las últimas semanas han provocado reacciones en diferentes sectores sociales, los cuales, aunque variados en sus contenidos, comparten un mismo estado de conmoción.
Para quienes hemos trabajado en la región andina ciertos aspectos de la reciente ola de linchamientos en Argentina nos remite directamente a experiencias vividas en países vecinos, Bolivia en particular. En efecto, los linchamientos en zonas peri-urbanas de Bolivia (sobre todo en El Alto y Cochabamba) han sido un creciente y alarmante fenómeno en los últimos veinte años.
Es un tema que ha sido ampliamente estudiado por antropólogos y sociólogos: sus observaciones nos proporcionan otra perspectiva sobre los linchamientos en nuestro país que creemos tienen que ser tomados en consideración.
Si bien existen diferencias en la interpretación de estos eventos, los estudios concuerdan en algunos puntos claves. Plantean una diferenciación entre linchamientos llevados a cabo en zonas rurales y los que ocurren en zonas peri-urbanas.
También subrayan que los linchamientos producidos en zonas peri-urbanas, son productos de procesos de organización paralela al Estado donde interviene la formación de una colectividad que reivindica la posición de «vecino» y lo redefine, dinámicas que se materializan -además de los linchamientos- en la construcción colectiva de muñecos colgados, grafitis amenazando represalias, y carteles barriales que marcan limites jurisdiccionales.
Con todas sus diferencias, este proceso que se viene dando en nuestro país vecino parece comenzar a emerger en nuestra sociedad. Y tal como sucede actualmente en Argentina, los medios de comunicación bolivianos tuvieron – y tienen aún-, una importante responsabilidad en cómo se presentaron y se caracterizaron los hechos de linchamiento.
Organismos estatales y no gubernamentales del país vecino señalaron dos aspectos muy importantes con respecto al rol de los medios en sus tratamientos sobre los linchamientos.
Por un lado, la necesidad de no confundir estos eventos como resultantes de prácticas de justicia legitimadas socialmente o culturalmente (en este caso de justicia comunitaria indígena). Por el otro, ellos fueron acusados de politizar estos eventos y mediatizarlos creando un show basado en datos no argumentados.
Vemos que algo semejante sucede con el tratamiento mediático dado al tema en la Argentina, donde aparte de su evidente politización y sentido de espectáculo, no se están distinguiendo los linchamientos producidos en medio de la calle, de carácter más espontáneo (y ciertamente publicitado en los mismos medios), y los que son productos de una forma particular de organización vecinal o comunal paraestatal, cuyo surgimiento podría estar señalando una situación mucho más preocupante en el futuro cercano.
Consideramos como imperativo que se comience a distinguir la naturaleza de estos eventos diferentes, que solo guardan en común la violencia desmedida y la afronta a la democracia y sus instituciones.