El miembro informante de la iniciativa fue el diputado Osvaldo del Grosso (PJ), quien señaló que Jujuy está actualmente en las 50 mil viviendas sociales, ejecutadas íntegramente por el Estado provincial, de las cuales 38 mil fueron ejecutadas por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj), 10 mil mediante cooperativas de viviendas y las restantes fueron construidas por empresas privadas y municipios.
Destacó más adelante los números que se dan en la provincia en esta materia y dijo que el impacto es aún mayor si se tienen en cuenta los programas que se vienen desarrollando en toda la provincia, como Mejor Vivir y Núcleos Húmedos, “sobrepasando la inversión efectuada en las más de 50 mil viviendas”.
Refirió que el justicialismo está convencido que todos los jujeños tienen el derecho de contar con un lugar digno para vivir. Mencionó que con la política del gobierno de construir viviendas sociales y entregar lotes con todos los servicios indispensables, “se dinamiza la economía “.
Al mismo tiempo resaltó el avance que está teniendo el plan de entrega de escrituras y sostuvo que a través de esta política instrumentada por el Ejecutivo provincial son más de 80 mil los inmuebles registrados, entre viviendas y lotes fiscales.
“Si tomamos cada familia con cuatro integrantes, tenemos que en Jujuy existen más de 400 mil jujeños que han recibido solución habitacional a precios simbólicos”, apuntó, a la vez de sostener que con estas estadísticas queda reflejado que más del 60 por ciento de la población ha recibido una mano solidaria del Estado provincial para resolver su problema de vivienda. “Este es un logro de todos los jujeños y un compromiso evidente del gobierno por solucionar la problemática habitacional”, añadió.
Explicó que con esta norma se fomenta la participación del sector privado en la construcción de viviendas, teniendo como destinatarios a los empleadores que, en el marco de su actividad, ejecuten planes de vivienda en beneficio de sus empleados, bajo las modalidades y requisitos establecidos en la redacción de la Ley.
“Apunta a facilitar la inversión de empresas que quieren construir y dar un crédito a sus trabajadores para el acceso a la vivienda propia. El Estado promueve esta iniciativa que prevé la exención del pago de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, y de otras tasas a nivel municipal en el caso de la adhesión a esta normativa de los municipios y comisiones municipales”, completó.