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La Comisión Investigadora dictaminó promover juicio político contra el fiscal general de la justicia, Alejandro Ficoseco, y los tres integrantes del Tribunal de Cuentas, Nora Millone Juncos, Mariana Bernal y René Barrionuevo. La decisión tuvo dictamen de mayoría 3 a 2; de esta manera, la Sala Acusadora llevará el proceso de los juicios.
Cabe resaltar que, durante la actuación de la Comisión Investigadora, se plantearon cuestionamientos por considerar que se trata de un ataque a la institucionalidad de la provincia y de un intento del gobierno de evitar el control del manejo de los fondos públicos, especialmente el programa Jujuy Asiste y Reactiva.
La Sala Acusadora debe revisar los dictámenes, que tienen varias páginas, y analizar las pruebas producidas y la denuncia que realizaron las dos mujeres que solicitaron los juicios políticos. Tiene un plazo de cinco días hábiles para convocar a los enjuiciados para estar a derecho. Posteriormente, los denunciados tienen que ejercitar su derecho a la defensa en los siguientes cino días hábiles.
Posteriormente, si no hay prueba a realizar, la Sala Acusadora estará en condiciones de decidir si avanza o no con el juicio político pudiendo promover la suspensión de los denunciados.
Sobre los pedidos de juicio político
Una mujer solicita que Ficoseco sea destituido por haber cometido el delito de “Incumplimiento de los deberes en el ejercicio de la Jefatura del Ministerio Público Fiscal”, porque entre los años 2010 y 2015, la Organización Social Tupac Amaru controlaba su sector donde habían construido sus miles de viviendas en Alto Comedero, sin «que se permitiera el accionar de la justicia, todo esto ante la pasividad de quién tenía la dirección de los órganos encargados de la investigación y persecución penal». De esta manera, dice, Ficoseco» nada hizo para ejercer la acción penal pública, es más, su pasmosa inactividad generó un ilegítimo empoderamiento de una organización social”.
El segundo pedido de juicio político, es contra los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia mencionados, que no fueron designados por la actual gestión, solicitando también su destitución.
Otra mujer, que no vale la pena identificar, fundamenta que en las causas “Pibes Villeros” y “Megacausa”, que involucran una vez más a miembros de la Tupac Amaru, ese Tribunal no auditó ni formuló las denuncias que habrían correspondido, y entonces habría avalado que se cometan delitos con perjuicios al Estado.
Entidades nacionales repudian los juicios políticos
Representantes de organismos de control de todo el país rechazaron el juicio político que impulsa el Gobierno de Jujuy contra la titular y dos vocales del Tribunal de Cuentas. Anticiparon que utilizarán todos los mecanismos legales a disposición, como el Superior Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales.
Sergio Oste, vicepresidente del Secretariado Nacional de Tribunales de Cuentas, afirmó que están «alarmados» por el juicio político contra el Tribunal de Cuentas de Jujuy, y argumentó: «Creemos que es técnicamente infundado, que no tiene ningún sustento y que es absolutamente político».
Por su parte, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal rechazaron enérgicamente el juicio político contra Ficoseco, denunciaron la injerencia del Ejecutivo provincial sobre el Poder Judicial y advirtieron que está en riesgo el estado de derecho.
