“Pedimos respeto a la institucionalidad y observamos que lo que está sucediendo es de extrema gravedad por cuanto no existen denuncias penales ni se habilitó un proceso judicial que pudiera llevar al jefe comunal a un juicio político”, expresó Javier Hinojo, titular de la bancada opositora, en una rueda de prensa.
Asimismo, sostuvo que el que tiene que poner racionalidad ante estos abusos, exabruptos y la falta de respeto hacia el voto popular es el Superior Tribunal de Justicia. “Es el máximo órgano de la Justicia provincial el que se debe expedir con prontitud para hacer respetar lo que decidió la comunidad de Fraile Pintado a través de las urnas”.
Reiteró que no hay causas judiciales ni tampoco motivos para suspender al intendente y remarcó que es de suma gravedad el proceso que se llevó adelante para suspenderlo en sus funciones por cuanto no se conformó comisión investigadora alguna y mucho menos aún se le dio a Carrasco el derecho a defensa. “En Fraile Pintado no funcionaron como debía los mecanismos institucionales para llegar a una medida extrema como la que se decidió”, subrayó.
Sobre los embates que vienen sufriendo algunas intendencias administradas por el justicialismo, Hinojo indicó que desde el Bloque Justicialista se viene marcando desde principios de año que existen situaciones de mucha complejidad y de vulneración a la institucionalidad. “Que la situación de Maimara no esté resuelva después de diez meses nos tiene preocupados, pero estos conflictos institucionales se repiten en otras jurisdicciones”.
En tal sentido y si bien reconoció que existe autonomía política para los municipios, instó al Ejecutivo provincial a mediar en estos conflictos. Insistió luego con el pedido del bloque al STJ para “que resuelva las causas con mayor celeridad y que preserve a las instituciones de la democracia, que es en definitiva lo que nos interesa, más allá del signo político porque está por delante de ello el respeto a la voluntad popular”.
Omar Carrasco concurrió a la Legislatura acompañado por su abogado, Hugo Castro, y los concejales Mario Cuba y Juan Carlos Torres. El letrado comentó que todavía está aguardando un pronunciamiento del STJ respeto a la presentación judicial realizada oportunamente, basada en el conflicto de poderes y a una medida cautelar. Manifestó que en Fraile Pintado se cometió un atropello institucional.
“Pedimos que se respeten las garantías y los derechos que tiene toda persona, que le den a Carrasco la oportunidad de ser escuchado y que pueda presentar las pruebas para su descargo. Aquí saltearon la acusación sin haber conformado una comisión investigadora. No hay pruebas y nunca se reunieron a investigar los supuestos hechos de corrupción”.