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El oficialismo en la Cámara de Diputados acelera los tiempos para llevar al recinto los controvertidos proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional —enfocado en la cuestión Malvinas— y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Con la mira puesta en una sesión prevista tentativamente para el jueves 12 de noviembre (con margen para pasar al miércoles 18 según el calendario del Presupuesto 2027), La Libertad Avanza busca cerrar los últimos detalles en una semana condicionada por feriados nacionales y provinciales vinculados a la agenda papal.
Ambas iniciativas llegan al tramo final tras arduas negociaciones, concesiones a bloques aliados y fuertes presiones diplomáticas que obligaron a retocar el articulado original.
Malvinas, defensa y facultades extraordinarias
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional constituye la pieza central del debate. La iniciativa combina el endurecimiento de sanciones por la explotación ilegal de recursos en la cuenca de las Islas Malvinas con una profunda reorganización del aparato de defensa e inteligencia bajo la doctrina de seguridad nacional.
Para evitar un rechazo mayoritario y contemplar objeciones internacionales, el Gobierno debió introducir modificaciones clave:
Presión de Estados Unidos: Tras una advertencia directa desde la administración norteamericana por el impacto en intereses económicos, se excluyó del régimen penal a los accionistas con participaciones menores al 2% y a los fondos de inversión con intervención indirecta.
Sanciones económicas: Si bien se mantienen penas de hasta 20 años de prisión para directores y proveedores vinculados a la explotación inconsulta, las multas se redujeron de un rango de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo a un piso de 2 mil y un techo de 40 mil.
Blindaje periodístico: Ante el rechazo de entidades como FOPEA por el artículo que penalizaba «campañas de injerencia extranjera», el oficialismo acotó la definición y blindó expresamente la actividad periodística, la investigación académica y la labor diplomática frente al riesgo de persecución a la crítica.
Control legislativo: A pedido del bloque MID, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento que será notificada obligatoriamente dentro de las 48 horas posteriores sobre cualquier medida adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional.
Pese a los retoques, la oposición mantiene duras críticas al considerar que la normativa otorga facultades excepcionales encubiertas al Poder Ejecutivo, desdibuja los límites entre seguridad interior y defensa nacional al habilitar a las Fuerzas Armadas en operaciones no convencionales, y flexibiliza los criterios de inscripción en el Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET).
Reforma del Banco Central y mandato único
En paralelo, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca consagrar el principio de «emisión cero» y blindar a la entidad frente a futuros cambios de gestión política.
Tras las modificaciones introducidas en el Senado —que limitaron la pretensión original del oficialismo y quitaron a Diputados competencia en la remoción de directores—, el texto ratifica un modelo de mandato único enfocado estrictamente en la preservación del valor de la moneda.
De esta manera, el proyecto erradica la multiplicidad de objetivos vigente desde 2012 y prohíbe de forma tajante:
Adelantos transitorios al Tesoro.
Préstamos a provincias y emisión de letras intransferibles.
La compra de títulos públicos en el mercado primario y la orientación del crédito hacia sectores específicos.
Con este esquema, el Gobierno pretende clausurar de manera definitiva la posibilidad de que una administración futura recurra a la emisión monetaria para financiar el gasto público.
