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Tras el vencimiento del plazo diplomático de dos semanas otorgado al Reino Unido, el Gobierno nacional formalizará una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de paralizar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La medida busca obtener cautelares urgentes antes del inicio de la extracción comercial pautada para 2028 por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La estrategia, encomendada por la Casa Rosada al canciller Pablo Quirno, contempla la apertura de un arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y el pedido simultáneo de medidas provisionales ante el tribunal con sede en Hamburgo, Alemania.
La diplomacia argentina sostendrá que el avance de la prospección viola la Resolución 31/49 de la ONU, que prohíbe acciones unilaterales en áreas con disputas de soberanía pendientes de resolución.
Aunque el tribunal marítimo no tiene potestad para dirimir la soberanía territorial de las islas, la posición argentina se centrará en la protección de los recursos naturales y la prevención de daños al medio marino en espacios disputados.
De ser admitido el planteo formal durante las próximas semanas, los magistrados internacionales podrían expedirse hacia fin de año dictando restricciones cautelares sobre las operaciones hidrocarburíferas del archipiélago.
