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Estados Unidos, Israel y Argentina fueron los únicos tres países que este miércoles rechazaron una resolución de la ONU que tilda la esclavitud africana del «crimen más grave contra la humanidad», que fue propuesta por Ghana y recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.
El texto contó con el voto positivo de 123 miembros de la Asamblea General de la ONU y con 52 abstenciones, entre ellas la de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas.
La iniciativa, presentada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, reconoce que este sistema de explotación, que se prolongó durante más de cuatro siglos, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y que sus consecuencias siguen afectando a millones de personas en todo el mundo.
La resolución señala «la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos» como el máximo crimen por las consecuencias que trajo consigo.
«La ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital», recoge el documento.
La excusa yanki
El representante de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), Dan Negrea, explicó el sentido de su voto por ser «muy problemático en innumerables aspectos», pese a mantenerse en su «firme oposición y condena de los agravios históricos derivados de la trata transatlántica de esclavos».
«Estados Unidos no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales en virtud del derecho internacional en el momento en que se produjeron», afirmó Negrea.
Además, el representante estadounidense afirmó que el texto promueve agendas «específicas» y fomenta la creación de nuevos grupos de trabajo y «costosos» informes, algo para lo que, según dijo, «no se creó» la ONU.
‘Traición a la dignidad humana’
El secretario general, António Guterres, se refirió a la trata transatlántica de esclavos como una «traición profunda a la dignidad humana» y denunció que se convirtió en «una maquinaria de explotación masiva y deshumanización deliberada».
«Es el momento de hacer frente a las secuelas duraderas de la desigualdad y el racismo. Nunca olvidaremos a las víctimas de la esclavitud. Y nunca debemos olvidar el sistema perverso que la mantuvo durante tanto tiempo», declaró.
🔴 La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como «el crimen de lesa humanidad más grave» de la historia.
A favor: 123
En contra: 3 (Argentina, Estados Unidos, Israel)
Abstenciones: 52 pic.twitter.com/KSGJpROvlg— Noticias ONU (@NoticiasONU) March 25, 2026
Por su parte, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, aseguró que el comercio de esclavos es una de «las violaciones más graves de los derechos humanos de la historia de la humanidad» que constituye una ofensa a los principios recogidos por la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un crimen sin precedentes
El texto de la resolución aprobada este miércoles subraya que la instauración de este sistema no tenía precedentes históricos, al ser «el primer régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua», que convirtió «la reproducción humana en un mecanismo de acumulación de capital» e institucionalizó «la jerarquía racial como principio rector del orden político y económico internacional».
La resolución recuerda los instrumentos legales que legitimaron esta atrocidad: desde las bulas papales de 1452 y 1455 que autorizaban la reducción de africanos a «esclavitud perpetua», hasta el Código de Esclavos de Barbados de 1661 y el Código Negro francés de 1685, que definían jurídicamente a los africanos esclavizados como «bienes muebles».
También menciona el principio legal de partus sequitur ventrem («lo que nace sigue al vientre»), adoptado en Virginia en 1662, que estableció que la condición de esclavo se heredaba biológicamente a través de las madres africanas.
Imprescriptibilidad y derecho a reparación
En un punto clave, la Asamblea General reafirma que «los delitos relacionados con la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos no están sujetos a prescripción», en consonancia con un principio fundamental presente en todas las tradiciones jurídicas y morales africanas: «los delitos no prescriben».
La resolución subraya que los Estados son responsables de los hechos internacionalmente ilícitos y tienen la obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado.
Por ello, exhorta a los Estados miembros a entablar «un diálogo inclusivo y de buena fe en materia de justicia reparadora», que incluya:
- una disculpa plena y formal
- medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción
- garantías de no repetición
- modificaciones de leyes, programas y servicios para combatir el racismo y la discriminación sistémica
El papel de las mujeres y la lucha por la memoria
El texto reconoce el «carácter excepcionalmente generizado» de la trata de esclavos, que sometía sistemáticamente a las mujeres y niñas africanas a «violencia sexual, reproducción forzada, servidumbre doméstica y formas de explotación específicas por razón de género».
Denuncia la aplicación del principio partus sequitur ventrem como un mecanismo que vulneraba sus derechos reproductivos y las sometía «a la reproducción forzada para generar mano de obra esclava».
La resolución también destaca la resistencia activa de los africanos y afrodescendientes desde el principio, mencionando «la tradición abolicionista africana que se remonta a más de seis siglos atrás», los primeros actos de resistencia, la diplomacia estatal, las luchas armadas y el recurso estratégico a los tribunales para reivindicar derechos humanos y dignidad.
Medidas concretas
La Asamblea General solicita al Secretario General que refuerce la coordinación en materia de conmemoración, educación e investigación sobre la esclavitud y sus secuelas. Insta a los Estados miembros a promover programas educativos integrales, iniciativas de preservación de la memoria histórica e investigaciones académicas, así como a apoyar las iniciativas de reparación impulsadas por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe.
En un gesto de alcance concreto, la resolución pide «la restitución inmediata, sin trabas y sin costo alguno de los bienes culturales, objetos de arte, monumentos, piezas de museo, artefactos, manuscritos y documentos, así como de los archivos nacionales que tengan valor espiritual, histórico y cultural» para los países de origen.
La aprobación de esta resolución se produce en el contexto del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) y a pocos meses del centenario de la Convención para la Supresión de la Trata de Esclavos y la Esclavitud (1926).
