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El martes pasado, sin orden previa ni documentación formal que lo requiera, agentes de la Policía Federal interrogaron a funcionarios de la Facultad de Humanidades a fin de «identificar en fotografías a actores de la toma», que se encuentran registrados como estudiantes de dicha casa de estudios.
El motivo de la indagación estaría radicado en la denuncia realizada por el rector Enrique Arnau ante el Juzgado Federal, a fin de iniciar un proceso legal en perjuicio de los estudiantes que en diciembre, denunciando los hechos de corrupción alrededor de la problemática del comedor universitario, participaron de la toma del rectorado y de la revuelta estudiantil que interrumpió la sesión del Consejo Superior.
Ante las negativas de las autoridades de la Facultad de brindar cualquier tipo de información sin la correspondiente notificación formal, los agentes se retiraron.
La criminalización de los justos reclamos estudiantiles, sumada a las difamaciones mediáticas y el apriete y amenazas policiales ilegales recibidas durante el proceso de la toma, recuerdan las prácticas propias de los años mas sangrientos de la historia argentina, y se ubica en las antípodas del sistema democrático y la libertad social.
La justeza del reclamo y de la lucha llevada a cabo por los estudiantes fue reconocida hasta por las propias autoridades de la UNJu, que luego de incumplir con su sus compromisos asumidos, decidió avanzar judicializando el conflicto.
