Álvarez Carreras afirma que la ordenanza en cuestión contradice las leyes nacionales en vigencia «que respetan los derechos sexuales, como la ley de salud sexual y procreación responsable», y la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, cuya aplicación sería derogada mediante esta declaración.
«Con la ley vigente, una mujer que corra algún riesgo con el embarazo o haya sido producto de un abuso, tiene el derecho de detenerlo de manera legal y segura -continuó-. Es decir que esta ordenanza no está a tono de las políticas que se aplican incluso dentro de la municipalidad. Es incongruente».
A partir de su trabajo en temas de género como asesora en la ONG Juanita Moro, la abogada explica: «Esto que pasó aquí ahora se viene dando desde hace años en algunas provincias del país, donde los municipios se declaran pro-vida, y así van frenando el avance de la despenalización del aborto».
Mañana se realiza una reunión por la campaña nacional del aborto legal, seguro y gratuito en la ONG Juanita Moro, con la Multisectorial de Mujeres y otras organizaciones. El encuentro es abierto, en calle Gral. Paz 32, a partir de las 10.30.
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