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El juicio oral y público por el asesinato de Rafael Nahuel comenzará el martes 15 de agosto en General Roca, cinco efectivos del Grupo Albatros de Prefectura están imputados como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa. El crimen se cometió en el contexto de una violenta persecución y represión en un predio de la localidad de Villa Mascardi ocurrida el 25 de noviembre del 2017.
La primera audiencia de este juicio se iniciará a las 9 horas y se desarrollará los días martes y miércoles en semanas consecutivas hasta su finalización. Está previsto que declaren 90 testigos, entre prefectos, policías, peritos y miembros de la comunidad mapuche en la ciudad de General Roca de Río Negro.
Los cinco efectivos, que actuaban bajo las órdenes de la entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich, llegan a juicio imputados por la fiscalía como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa, aunque la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) buscará probar durante el juicio que «se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo legítima defensa por parte de los prefectos».
Los abogados de la familia Nahuel, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, recordaron que en aquel procedimiento también fueron heridos dos miembros de la comunidad, y que se recogieron en el lugar 130 proyectiles «lo que demuestra la falta total del enfrentamiento invocado para justificar el asesinato».
Rafael Nahuel era un joven del Alto Bariloche que luchaba contra los efectos de la marginación. A instancias de su tía, María Nahuel, había empezado a reconocer su origen mapuche y decidió que iría a vivir a la comunidad cuya recuperación territorial habían protagonizado sus familiares, entre ellos su prima, la machi Betiana Colhuan Nahuel. Quería construir su casa allí, su ruka, criar gallinas y conejos, y tener un caballo.
La SDH, que se constituyó en marzo del 2021 como parte querellante en la causa, acusa a los prefectos de haber asesinado a Nahuel luego de una persecución montaña arriba en la cual «dispararon decenas de municiones de plomo, cuando los miembros de la comunidad que se buscaba desalojar ya habían abandonado el terreno bajo custodia», informaron desde la cartera que conduce Horacio Pietragalla Corti.
En este juicio «se va a resolver si, dentro del Estado de derecho, está habilitada una fuerza de seguridad para perseguir y asesinar por la espalda a quienes consideran que cometieron un delito, o bien, si los tienen que detener y llevarlos ante la autoridad judicial, que es lo que creemos que debería suceder», expresó el funcionario.
«El juicio es importante para buscar una condena ejemplar que fije un antecedente de lo que se puede y de lo que no se puede hacer en un Estado de derecho», agregó.
La SDH se constituyó como querellante «en 16 causas de violencia institucional» con un criterio de «litigio estratégico para instar y visibilizar las consecuencias penales que implica que miembros de fuerzas de seguridad utilicen sus armas para asesinar ciudadanos y ciudadanas por fuera de la ley», y de esta forma intentar «evitar la repetición de estos hechos».
“Entendemos la violencia institucional como un problema grave de nuestra democracia. Pero mientras hay gobiernos que aplauden a funcionarios que actúan violando los derechos humanos, la SDH asume el compromiso de tomar los pilares históricos que sustentan nuestra lucha: la memoria, la verdad y la justicia”, reflexionó Pietragalla Corti, en la previa del juicio.
