La dirigencia señaló que este reclamo se suma a lo que ya venimos exigiendo al gobierno, reapertura de las paritarias, cese de despidos, reincorporación de los estatales despedidos, y cumplimiento de las actas de 2013 y 2014, sobre desprecarización. También se exige el cese de la judicialización de la protesta social, y el pago de un salario igual a la canasta básica; además del 82 por ciento móvil para los jubilados.
Durante la asamblea, Fernando Acosta, manifestó: “Denunciamos la actitud discriminatoria del gobierno de la provincia que busca perjudicar a trabajadores, sin importarles que tras este capricho político, se perjudica a personas de carne y hueso, y a familias enteras a las que se les niega su derecho a comer y a que se les pague por el trabajo realizado”.
“Es repudiable que tomen de rehenes a los trabajadores, porque quieren castigar a un gremio. Nosotros les decimos que no nos vamos a arrodillar; lucharemos y pelearemos, como lo hicimos siempre, por los derechos de todos y cada uno de los trabajadores”; finalizó.