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La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «los copitos», en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«No podemos descartar la posibilidad de que el establecimiento de una medida de coerción distinta a la que se viene ejerciendo obstaculice el debido desarrollo y continuidad de la actividad probatoria en esta encuesta», sostuvieron los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
El tribunal advirtió que sobre Carrizo pesa un pedido de la querella para indagarlo como coautor del intento de homicidio (actualmente es considerado partícipe secundario) e integrante de una asociación ilícita, formulado por la querella.
El fallo desestimó el pedido de la defensa de Carrizo, a cargo del penalista Gastón Marano, quien sugirió «impedimentos de contacto; implementación de consigna policial, monitoreo de egreso e ingreso de personas y de los dispositivos para el uso de internet; limitaciones en cuanto a participación política; abstenerse del consumo excesivo de alcohol y del consumo de cualquier tipo de drogas; y recibir contención psicoterapéutica».
Para la Cámara, «los supuestos compromisos que Carrizo asumiría no alcanzan para neutralizar -dentro del marco integral plasmado- los extremos que se han fijado como indicios de riesgo».
El tribunal valoró el Informe Técnico de Viabilidad e Informe de Condiciones Sociales y Ambientales elaborado por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica como factores que desaconsejan la concesión de la prisión domiciliaria.
