Castillo relató: «Estábamos desayunando con mi familia, cuando sentimos que están arrojando piedras y una de ellas, de un tamaño importante, rompió una ventana. Todos los vidrios cayeron sobre la mesa donde estábamos sentados”.
Afirmó que “por suerte, solo fue un susto”, pero resaltó que “el o los que tiraban las piedras, lo hacían con mucha precisión y con mucha fuerza”.
La abogada resaltó que el barrio en que vive, Higuerillas, «es un lugar muy tranquilo, donde solo hay viviendas, y ni siquiera mi casa da a la calle, sino que hay un paredón muy alto», por lo que, interpreta, «quien lo hizo se tuvo trepar un muro que tiene una altura de más de tres metros de altura”.
Consultada por el programa de radio La Pista sobre la relación entre el ataque y su actuación como abogada de derechos humanos, Castillo señaló: «Yo lo relaciono, porque 24 horas antes alegué contra los exintegrantes del servicio penitenciario que están siendo juzgados”.
Castillo es querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los hijos de la detenida y asesinada militante Dominga Álvarez de Scurta, quien fue secuestrada de su casa, el 1° de junio de 1976 y sacada del Centro Clandestino de Detención más grande de la provincia, la cárcel del barrio Gorriti. Nunca más se la vio con vida. Su cuerpo fue hallado en 1984 en el cementerio de Yala, donde había sido enterrada como NN.
Castillo no responsabiliza de manera directa a nadie con el ataque a su casa, pero cree que los expenitenciarios que están siendo juzgado por los delitos de homicidio, tormento y secuestro “tienen aceitados los resortes necesarios, para quedar impunes”. Recordó además que los procesados son personas con «fuertes lazos sociales» en Jujuy, a diferencia de los condenados en el primer juicio, que no eran oriundos de la provincia.
Aclaró que “el atentado no me amedrenta, al contrario, me da más fuerza para seguir adelante y ver a estos represores condenados a reclusión perpetua y de cumplimiento efectivo de cárcel común”.