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Luego de seis meses, la justicia provincial llamó a audiencia frente al amparo presentado por los concejales del PTS-FIT contra el aumento del boleto urbano basado en un estudio de costo cuestionado.
La audiencia se realizó en las inmediaciones de la Vocalía I del Tribunal Contencioso Administrativo y fue presidido por la Dra. Ruth Fernández. Estuvo presente la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.) patrocinando a los parlamentarios del PTS-FIT, abogadas de los espacios de defensa al consumidor como Codelco y Proconsumer, que también hicieron su presentación contra los aumentos y en la contraparte los abogados de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y de las empresas de transporte.
El aumento del precio del boleto fue dispuesto por el Intendente Raúl Jorge y luego refrendado por el Concejo Deliberante, el que intentaron justificar mediante una consulta web, en lugar de la Audiencia Pública que correspondía que se hiciese.
Guillermo Alemán, concejal del PTS-FIT, sostuvo que “en la audiencia de hoy, Matías Puca, el abogado de la Municipalidad, defendió el interés de las empresas frente a el golpe al bolsillo a los trabajadores que significa el tarifazo del transporte. Es evidente el ataque a un servicio esencial como lo es el transporte público, haciendo primar la ganancia de las empresas”.
Maia Hirsch, abogada del CeProDH, expresó que «a pesar de haber presentado una medida legal que debe ser de rápido tratamiento cómo lo es el Amparo, la justicia demoró casi medio año en fijar una audiencia con la Municipalidad y al Concejo Deliberante, lo cual desvirtúa el propio proceso ya que el aumento ha sido aplicado y resulta un perjuicio concreto para todos los usuarios, estudiantes y trabajadores, que se ven afectados por los múltiples tarifazos».
Acerca de los argumentos que el gobierno planteo en la contestación destacó «aluden a una supuesta violación de división de poderes que haría incuestionable las decisiones adoptadas por el ejecutivo y el legislativo local, quienes han hecho de la justicia provincial un apéndice del actuar del gobernador Gerardo Morales. Y no solo eso, sino que todo lo que aplican es un ajuste directo sobre usuarios y consumidores a los que les niegan el elemental derecho a la información clara, veraz y transparente».
Alemán resaltó que “dicen que la información estuvo todo el tiempo disponible en el Concejo Deliberante, pero el mismo Contador Rodríguez -autor del estudio de costos-, deja sentado que las empresas no dieron la información completa y se basó en datos dudosos, brindados por las propias empresas, mientras por otro lado para el 2018 se destinó nada menos que 856.466.677 millones de subsidios al transporte automotor como figura en el presupuesto provincial del 2018″.
«Desde las bancas del PTS-FIT exigimos la apertura de los libros de contabilidad de las empresas del transporte y que los mismos sean analizados por una comisión independiente usuarios y trabajadores, donde los profesionales y estudiantes de la UNJu también podrían jugar un papel para saber en qué gastan estas empresas que reciben subsidios millonarios y se benefician con tarifas de las más altas del país” dijo el concejal.
