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El fiscal Carlos Stornelli dispuso esta tarde que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.
La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.
“Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, aseveró Stornelli.
Y aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empiece al análisis de las conductas ya efectuadas”.
El Gobierno había denunciado ayer ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material.
Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.
Por eso estableció que “se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda” con la investigación.
Tapar las coimas y los conflictos internos
La denuncia que presentó el abogado Fernando Soto, en representación legal del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, plantea la existencia de “presuntas acciones delictivas llevadas adelante por una organización criminal, mediante el desarrollo de actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia y de otras posibles conductas ilícitas a establecer”.
El primer objetivo de esta denuncia es impedir que se siga hablando de las coimas en Discapacidad. Porque no se le pide al juez que no se difundan audios de Karina Milei por un tema de seguridad nacional, sino que la prohibición debe ser general respecto de “funcionarios y exfuncionarios”, lo que abarca a Spagnuolo. La consigna es que deje de circular información que apunta contra el entorno más cercano del Presidente.
El segundo objetivo es tapar la interna libertaria, porque evidentemente los audios tienen ese origen. Si alguien grabó a Karina Milei en la Casa Rosada, se trató de un integrante de LLA. Si Spagnuolo le confesó a otra persona que los Menem y Karina “se la están llevando toda, toda”, esa persona era del entorno libertario.
De manera que todo indica que quien o quienes grabaron a Spagnuolo y a Karina son parte de LLA, quisieron jugar las cartas en la interna despiadada que tienen los libertarios y las cosas se les fueron de las manos.
