Durante el penúltimo mes de 2014, la Procuraduría realizó tareas de coordinación con diversos actores para formular el pedido de indagatoria de los directivos en la causa «Mercedes Benz» llevado a cabo por el Ministerio Público Fiscal de San Martín.
Los fiscales Miguel Ángel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti solicitaron al juez que convoque a dos gerentes por la participación en la privación ilegal de la libertad, tormentos y el homicidio de empleados que formaron parte de la comisión interna de la firma durante la última dictadura cívico militar.
También, colaboró en el monitoreo de la causa en la que se investiga la desaparición forzada de Juan Carlos Casariego de Bel, posiblemente relacionada con la fraudulenta estatización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad SA. En el expediente se encuentra imputado Walter Klein, quien fue integrante del gabinete del Ministerio de Economía, a cargo en ese entonces de José Alfredo Martínez de Hoz.
Tras la apelación presentada por el fiscal Ramiro González, la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide en el caso y ordenó profundizar la investigación contra el ex secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica de la última dictadura.
Además, el organismo consideró como el «avance considerable» en la investigación del rol de civiles durante el terrorismo de Estado al procesamiento del exjefe de redacción de la revista Para Ti, de Editorial Atlántida, Agustin Juan Bottinelli, por publicar en 1979 una entrevista falsa a la madre de un desaparecido mientras estaba detenida clandestinamente en la ESMA.
El juez Sergio Torres, quien lleva adelante la megacausa ESMA, consideró responsable al periodista del delito de «coacción» previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. El magistrado afirmó que «se corresponde con aquella vigente al momento de ocurrencia de los hechos», es decir, aquella que «mediante amenazas graves o violencias compeliere a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».
Es la primera vez que un periodista debe afrontar cargo legales en una causa por crímenes de lesa humanidad por utilizar sus artículos como herramienta de propaganda del terrorismo de Estado.
La Procuraduría está analizando la responsabilidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos sufridas por los trabajadores del Establecimiento Las Marías y requirió a la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General la colaboración con el análisis técnico en materia económica de varios expedientes en trámite ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres.
En 1977, fueron secuestrados los obreros rurales Marcelo Peralta y Neris Pérez y detenidos ilegalmente otros empleados de la tradicional firma yerbatera. En 2008, la justicia imputó a uno de sus directivos, Adolfo Navajas Artaza, pero al poco tiempo el juez federal Antonio Chalup lo sobreseyó en un expediente donde se inhibieron 18 magistrados que se negaron avanzar.
También, de manera coordinada e interdisciplinaria con la OFINEC, se dictó un taller de capacitación para operadores judiciales sobre herramientas para pesquisas donde están implicados grupos económicos en delitos de lesa humanidad.
Además, la Procuraduría y los fiscales y funcionarios del MPF participan en conjunto en la causa «Ledesma», en la que los fiscales de Casación Javier de Luca y Ricardo Wechsler solicitaron a la Sala IV del máximo tribunal penal que rechace las pretensiones de las defensas y confirme los procesamientos del presidente de la empresa, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y del ex administrador de la firma, Alberto Enrique Lemos, en dos causas por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas.