Colectivos de las comunidades trans, transgénero y travesti que reclaman que rija en la provincia el cupo laboral trans mantuvieron un encuentro clave en la Legislatura provincial con la Comisión de Género y Diversidad. Buscan que se apruebe en la provincia la obligatoriedad del cupo laboral trans y una reparación histórica para las adultas mayores de la comunidad.
Dana Aramayo, referente del grupo Las Históricas, explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que las opciones son que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Cupo Laboral Trans, que está vigente a nivel nacional desde hace cinco años, o apruebe el proyecto provincial que elaboró el bloque del FITU. «Nosotros apoyamos cualquier proyecto de los dos, el que adhiera o el provincial», precisó.
Durante la reunión, activistas y referentes expusieron sus experiencias de vida, necesidades y reclamos históricos ante los legisladores. «Por fin nos pudieron escuchar. Estuvo muy interesante porque todas tuvieron la palabra», destacó Dana, y remarcó que la falta de acceso al empleo formal sigue estando motivada únicamente por la identidad de género.
A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, el panorama educativo para la comunidad cambió notablemente. Al permitirse la asistencia a los establecimientos escolares de acuerdo con la identidad autopercibida, se registró un incremento significativo en los niveles de estudio y formación.
Sin embargo, y a pesar de que la comunidad cuenta con numerosas personas recibidas en diversas profesiones, como contadoras o enfermeras, no logran insertarse en el mercado laboral. «Entonces necesitamos el cupo laboral, que sea una exigencia para todos los lugares, las empresas», señaló Dana.
En este sentido, se aclaró que los proyectos de cupo laboral contemplan artículos específicos que exigen la capacitación continua de quienes ingresan, desmitificando la idea de que la contratación sea discrecional. «No es que entramos porque seamos trans; si te dan trabajo, hay una exigencia de capacitación como en todos lados», aclaró Dana.
Inclusión para las juventudes y reparación para las mayores
El reclamo de las organizaciones contempla una doble perspectiva generacional. Por un lado, se busca consolidar el cupo laboral obligatorio en empresas y organismos públicos para asegurar un futuro con oportunidades reales para las juventudes trans.
Por el otro, se reconoce la realidad de las personas mayores de 45 y 50 años que, debido a la discriminación estructural y la negación sistemática del acceso al estudio y a la salud en el pasado, no pudieron formarse.
«Lo que nos queda a las personas grandes es pedir por una pensión, porque las personas que tenemos más de 45 años no tuvimos esa posibilidad de capacitarnos», explicó Dana.
Ante este escenario, se presentó y defendió de manera complementaria el proyecto de reparación histórica dirigido a las personas trans adultas mayores que atravesaron la dictadura y la posdictadura, demandando una pensión que actúe como reconocimiento y compensación por las omisiones e infracciones del Estado.
El tratamiento legislativo continuará con reuniones previstas ante las comisiones de Trabajo y de Economía, donde las organizaciones seguirán defendiendo las propuestas. No obstante, las activistas manifestaron su preocupación y alerta ante posibles maniobras que dilaten la implementación efectiva de las normativas.
Se cuestionó la intención de crear nuevas estructuras de comisiones intermedias para la recepción de currículums, señalando que estas medidas podrían generar gastos innecesarios para la provincia y convertirse en herramientas de especulación política. Las organizaciones exigen mecanismos ágiles y directos que utilicen los centros de capacitación ya existentes, evitando intermediaciones que desvirtúen el espíritu inclusivo del proyecto.