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Un colectivo de observatorios y equipos de investigación en Educación presentó un balance del Presupuesto Educativo Nacional durante el gobierno de Cambiemos. Entre otras conclusiones, se adviere que en el presupuesto elaborado por el macrismo para 2020 lo destinado a Educación es un 34 por ciento más bajo de lo que fue en 2016.
El colectivo está integrado por la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Centro Cultural de la Cooperación, Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de General Sarmiento, entre otras instituciones.
Entre otros aspectos, el informe destaca que en el presupuesto elaborado por Cambiemos para 2020 lo destinado a Educación será un 34 por ciento menos de lo que fue en 2016; que en Infraestructura y Equipamiento es el 16 por ciento menos que en 2019 y un 75 por ciento más bajo respecto de 2016, y que hay un descenso del 10 por ciento en el presupuesto universitario comparado con 2016.
El balance detalla algunos aspectos particulares, además de la educación en el presupuesto nacional y el presupuesto educativo, como el modo en que se distribuye ese presupuesto, las políticas socioeducativas, la infraestructura y el equipamiento, la situación de la educación técnica, la calidad educativa, la formación docente, los jardines de infantes, la educación digital, las becas, los salarios docentes, y la relación entre deuda y educación.
Resumen del estudio
En septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley de presupuesto para el año 2020 que deberá ser debatido y aprobado luego de la asunción del nuevo gobierno y con la nueva conformación de las cámaras legislativas, que se harán efectivos en diciembre de 2019.
La educación pierde participación en el proyecto de presupuesto nacional presentado: de 5,5% en 2019 a 5,1% en 2020.
La tendencia al descenso en esta participación se mantiene desde 2016, año en la que la función educación alcanzaba el 7,8% del total del presupuesto del Estado nacional.
De aprobarse el actual presupuesto tal como fue enviado como proyecto, el presupuesto educativo del Estado nacional en 2020 será, en términos reales, un 34% más bajo que el de 2016.
Entre 2016 y 2020, se observa un descenso real del presupuesto universitario de un 10%, con impactos significativos en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior.
El recorte que se viene advirtiendo en el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y que se agrava en 2020, genera el incumplimiento de la Ley de Educación Técnico Profesional nro. 26.058: mientras la Ley manda que ese
fondo sea del 0,20% de los ingresos públicos, en 2020 será de sólo 0,04%.
El descenso del presupuesto en la partida “Políticas socioeducativas” desde la asunción del macrismo ha sido constante y expresa el desinterés por atender a las desigualdades educativas. Si se toma como año base el 2016, el presupuesto real asignado a este programa para el 2020 es sólo el 6% de lo que era al inicio de la gestión.
El presupuesto asignado para infraestructura y equipamiento educativo para 2020 en el actual proyecto de ley es, en términos reales, un 16% inferior al aprobado del 2019 y un 75% menor respecto al 2016, desinversión cuya gravedad se ha cobrado la vida de trabajadores de la educación.
La partida para evaluaciones educativas observa también un descenso marcado desde 2017, luego de haber tenido un crecimiento exponencial al inicio de la gestión macrista. El descenso desde 2018 se explica por la decisión de realizar las pruebas Aprender de primaria y de secundaria cada dos años, en lugar de hacerlas todos los años.
Para 2020, la partida de becas exhibe un descenso real de un 10% contra 2019, en un contexto de crecimiento del desempleo y la pobreza que compromete las trayectorias educativas de los estudiantes.
Los fondos para elevar y tender a equiparar los niveles de los salarios docentes en las provincias registra una caída vertical en los años recientes. En 2020 esa partida sería menos de la mitad de lo que era en 2017, confirmando la estrategia de eliminar la participación del Estado nacional en la definición o mejor equiparación de los salarios docentes de todos el país.
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