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El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones del próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan «afecta al federalismo y la autonomía de las provincias» y sostuvo que esa decisión «constituye un quiebre del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional».
«Son dos fallos poco felices y que además constituyen un quiebre del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Afectan el federalismo, afectan la autonomía de las provincias y pasan por alto que los Superiores Tribunales de Justicia en materia electoral de las respectivas provincias homologaron las fórmulas que habían sido propuestas. La Corte desoye el dictamen de la Procuración General de la Nación que estableció que no eran temas de la competencia originaria de la Corte Suprema», sostuvo Barcesat en declaraciones para Télam Radio.
El martes pasado la Corte Suprema suspendió las elecciones con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.
Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los demandantes, choca contra los principios de la alternancia.
El abogado expresó que la intervención de la Corte supone «una intrusión lesiva» en las cláusulas constitucionales sobre la actividad política y de los tratados tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como del Pacto Internacional de naciones Unidas de Derechos Civiles y políticos. «Es decir que mayor atropello no podría pensarse», sostuvo.
Barcesat señaló que luego de dictar la medida cautelar deberían haber dictado «una sentencia» y con ello podría haber dado «certeza al pueblo y a las autoridades de la provincia».
«Con esta resolución se ha ingresado a una situación de anomia», describió.
En esta línea, el abogado expresó que la Corte se viene desempeñando al estilo de una “monarquía” y remarcó que está provocando “una lesión institucional por creerse a sí misma como un poder supra constitucional”.
“No se sabe cómo se va a resolver y cuándo se va a resolver. Lo único cierto es que han prejuzgado y que deberían excusarse de intervenir cuando brinden sus respectivos informes las autoridades provinciales”, concluyó.
