Barrio Estación de Tilcara: Les cerraron la calle de acceso y ahora los denuncian penalmente  

El Gobierno provincial continúa con la persecución y el hostigamiento judicial contra vecinos del barrio Radio Estación de Tilcara. Ahora denunció penalmente a Rubén Ponce, dueño de la hostería La Estación, y otros tres pobladores, quienes fueron citados para los próximos días a una audiencia en la que les informarán sobre la imputación.

En el marco del acondicionamiento de la estación del tren solar de la Quebrada, la provincia ya desalojó violentamente a familias del barrio y destruyó sus viviendas. A algunos vecinos incluso les abrió causa por la supuesta usurpación de las casas que habitaban desde hacía años. Luego cerró la calle de acceso, dejando a los pobladores del sector sin recolección de residuos y otros servicios. Incluso quedó anulado el paso de vehículos, lo que impediría, por ejemplo, que ingrese una ambulancia.

Rubén Ponce, dueño de la hostería La Estación, hizo pública esta situación a comienzos de agosto. Ahora le llegó una notificación, a él y otros tres vecinos, para que se presenten a una audiencia de imputación penal. Aún se desconoce el delito del que se lo acusa.

Alejandra Cejas es la abogada que representa a Ponce y a otros pobladores del barrio, junto a su colega Silvana Llanes. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), opinó que «esto forma parte de la persecución por parte del estado provincial contra los vecinos que están denunciando todo lo que vienen viviendo».

«Les molesta que salgan a hablar, que visibilicen la situación que viven, que alguien desnude toda la situación que se está viviendo en la zona», comentó.

Cejas recordó que cuando se llevó adelante el desalojo de las primeras familias del barrio, «también empezaron con el hostigamiento y las denuncias penales». En aquella oportunidad, se presentó una denuncia penal contra Alancay, «que era el fiscal que armó ese carpetazo junto con el empleado de Civetta, otro del tren».

Para la abogada, esta última novedad se inscribe en la misma estrategia. «Están en la misma línea. Son de manual, no son creativos. No nos sorprende en absoluto», afirmó, y agregó: «Es un acto claramente intimidatorio».

Cuestión de competencia

«Nosotras ya informamos a la justicia federal sobre esta última novedad», indicó Cejas. Es que, más allá de lo que pueda ocurrir con esta denuncia, lo cierto es que el conflicto suscitado en el barrio Radio Estación está siendo investigado por la justicia federal. Sin embargo, el Gobierno provincial insiste, a través de diversas presentaciones judiciales, que los hechos son de competencia provincial.

«La provincia está desesperada por que la causa sea provincial y no federal. Lo hace por todas las vías y recursos para que se resuelva entre amigos, digamos. Lo que quieren es entorpecer y generar causas en la provincia», comentó.

Mientras tanto, la justicia federal está actuando. Los juzgados 1 y 2 de Jujuy ya confirmaron la competencia, rechazando el pedido del Gobierno provincial. Actualmente hay un recurso que presentó la provincia ante la Cámara Penal de Apelaciones de Salta, todavía sin resolución.

«Desde que se presentó en enero pasado el amparo precautorio por daños, venimos sosteniendo la competencia. Y ya dos juzgados federales la confirmaron. Los únicos que patalean son los de la provincia, que vienen haciendo estos actos burdos, armando causitas penales para decir que tienen causas en Jujuy y así generarse competencia provincial», señaló Cejas.

Para la abogada, la cuestión de la competencia no es un aspecto que preocupe «porque es muy difícil revertir el fallo de dos jueces de primera instancia», indicó.

«Para mí es sumamente complejo cómo piensa el gobierno y esta gente que está en el poder. Es muy difícil que un juez con un poquito de conocimiento en derecho y un poquito de ética no se dé cuenta de lo que está pasando. La afectación a los derechos es de una magnitud y una intensidad ostensibles», agregó, y completó: «Es increíble la persecución que se hace en esta provincia para cualquiera que no convalide los negocios de este gobierno».

Cejas describió la situación en el barrio: «Las familias han denunciado que no tienen acceso a los servicios de salud, porque las ambulancias no pueden entrar. Les han cortado la calle, los servicios de recolección de residuos, absolutamente todo. Ni hablar del problema que tienen los fondos de comercio porque esto afecta fundamentalmente a la actividad comercial y turística que realizan operadores turísticos que tienen su propiedad. No tienen clientes porque quién va a cruzar a pulso por un lugar donde no hay calle».

El tren que se roba la luz

Además de las graves consecuencias que padecieron y padecen los vecinos del barrio Radio Estación, el funcionamiento del tren de la Quebrada ha generado malestar en pobladores de las localidades que atraviesa. Cejas reveló que «cada vez que conectan este trencito de Morales para cargarlo, dejan sin luz a todos los pueblos. Pasa en Tilcara, en Maimará, en Volcán».

«Ya se ha denunciado también esta situación de que el tren es eléctrico -detalló-. Según un cálculo aproximado, a todos los jujeños nos está costando casi 25 millones de pesos pagar la electricidad para un tren que no lleva a nadie, porque cada vez que sube alguien es porque le dieron algún voucher promocional, porque nadie va a pagar 60 mil pesos para subirse a un tren de 30 kilómetros».

En este sentido, advirtió: «Venimos de mentiras sobre mentiras, capas de mentiras que lo único que hacen es entorpecer y hacer que los vecinos, los lugareños, la gente que tiene que disfrutar de una vida normal, tengan que vivir perseguidos, hostigados y sin servicios básicos porque el gobierno decidió que quiere hacer negocios con un tren eléctrico supuestamente turístico».

‘La gente despotrica’

-¿Con el cambio de gobierno provincial no cambió nada? 

-No. Pero yo no esperaba cambios, sinceramente. Carlos Sadir no es un hombre de la política, es un contador que nunca supimos bien cómo recauda porque nunca entrega boleta en sus propios negocios. No se sabe quién maneja el poder, quién está atrás de todas las operaciones. En agosto hemos registrado más de 13 desalojos compulsivos para resolver problemas de la política. Han desalojado a vecinos y vecinas de distintos puntos de la provincia para negocios inmobiliarios de funcionarios o vinculados al poder político. Estamos lejos de que haya paz social, de que haya un correcto acceso a la justicia y esté garantizado el estado de derecho.

-La situación no parece tener solución. 

-Yo no sé cómo se dimensionará a futuro este tema, pero si esto persiste, hoy Jujuy es una provincia inviable. Aquí nadie está seguro, se viola la propiedad privada, se violan los derechos esenciales, los derechos constitucionales, mientras el poder político se dedica a hacer negocios, nada más, con recursos de todos. Hay mucho malestar. La gente despotrica en la feria, en el supermercado, en todos lados. El gobierno debería acusar recibo del malestar que ha generado con los actos de corrupción que tenemos en la provincia, donde creen que todo el mundo avala y ve con felicidad cómo se están quedando con bienes ajenos, con bienes del estado, y además la falta de administración de los recursos provinciales. Si no acusan recibo de eso, no sé qué esperan.

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