Bienes personales: las imposturas del oficialismo y de la oposición de derecha

Por Guillo Pistonesi miembro de la Mesa Nacional del FIT Tanto en el tratamiento del presupuesto como en el de la reforma del impuesto a los bienes personales tratado ayer, se puso de relieve una gran impostura tanto por parte del oficialismo como de la oposición de derecha.

Las diferencias que se dieron en las votaciones tuvieron más que ver con disputas por el poder relativo en Diputados en el marco de un cuasi empate en las fuerzas que se sucedió con la nueva composición en la Cámara.

El gobierno quedó debilitado después de la elección de noviembre y Juntos por el Cambio intenta recrear lo que supo ser el “Grupo A” en 2009/10, en vistas a las Presidenciales del 2023. Pero ambas coaliciones tienen un profundo acuerdo estratégico que parte de un pacto colonial con el FMI cuya aplicación implicará más penurias para las mayorías populares, más atraso y más dependencia.

Los cuatro votos del Frente de Izquierda por el dictamen de mayoría sobre el impuesto a los bienes personales fueron decisivos para que el oficialismo peronista pudiera obtener lo que ellos leyeron como un pequeño triunfo parlamentario, luego de la gran derrota de la semana pasada con el presupuesto.

A través de las redes y sus vastos medios acólitos, el oficialismo pretende presentar esta victoria como una medida que demostraría que están legislando a favor de los intereses populares.

En cambio, JxC quiso utilizar la muestra de debilidad del gobierno en el tratamiento del presupuesto para hacer demagogia con las clases medias que se benefician con la suba del mínimo no imponible de ganancias, pero escondiendo que se le iban a bajar las tasas del impuesto al puñado de ricos que tienen bienes en el exterior declarados.

Durante varios días el oficialismo salió con una campaña de que la bancada del FITU “le hace el juego a la derecha” por haber rechazado el presupuesto de ajuste presentado por Guzmán.

A partir de ayer, la derecha salió a decir que el FITU le hizo el juego al oficialismo. Ni lo uno ni lo otro. En enfrentamiento con ambas coaliciones, las cuatro diputadas y diputados del Frente de Izquierda Unidad mantuvieron una postura independiente en ambos debates, siempre defendiendo los intereses del pueblo trabajador y contra el sometimiento al FMI.

De qué se trató

El impuesto a los bienes personales es un impuesto “progresivo” ya que afecta proporcionalmente con tasas escalonadas a los que más tienen. Hay un “piso” de bie (propiedades, vehículos, etc.) desde el cual una persona empieza a pagarlo. Es “piso”, denominado mínimo no imponible, era hasta la sanción de esta ley de 2 millones de pesos, prácticamente el valor del auto más económico en el mercado. Un senador peronista de Córdoba presentó un proyecto para elevar ese mínimo a 8 millones, pero Guzmán se lo vetó porque necesita recaudar como parte de las exigencias del FMI. Finalmente se acordó que ese mínimo para empezar a pagar se subía a 6 millones y la media sanción de la ley salió con el voto unánime de todas las bancadas. Pero luego el gobierno lo “pisó” en Diputados como parte de las discusiones con el FMI para achicar el déficit fiscal, lo que fue aprovechado por la derecha de Juntos por el Cambio como bandera demagógica contra el gobierno.

JxC llamó a una sesión especial este martes para tratarlo. El oficialismo hizo una maniobra para intentar correrlos por izquierda, incorporando al dictamen que venía del Senado un aumento en la alícuota de los que tienen bienes por más de 100 millones de pesos y los de más de 300 millones. Asimismo volvía a incorporar una alícuota superior para los bienes en el exterior, algo que ya rige pero que al no aprobarse el presupuesto se iba a dejar de cobrar en 2022. A último momento también incorporaron darle el poder al Ejecutivo para que pudiera subir el mínimo no imponible del impuesto al salario (“ganancias”), que también se había caído con el presupuesto.

Por lo tanto, se pusieron en discusión dos dictámenes, el de mayoría (oficialismo) y el de minoría (la media sanción del Senado sin modificaciones).

La derecha de JxC, con el coro atrás de Milei y Espert hizo sendas intervenciones para plantear que estaban totalmente en contra de que se volviera a gravar con una mayor alícuota a los bienes en el exterior. Y con respecto a los de arriba de 100 millones (se calculan 16.000 personas), esgrimieron que esto iba a fomentar aún más el supuesto “exilio” de los grandes capitalistas que están poniendo su domicilio fiscal en Uruguay para no pagar impuestos acá. Como dijo Myriam Bregman en la sesión, con su lógica los únicos que deberían pagar impuestos debería ser el pueblo trabajador, ya que si los ricos pagan se van. Un chantaje.

El oficialismo defendió su dictamen diciendo que así no generaban más déficit fiscal (como lo exige el FMI) ya que alrededor de 500.000 personas dejarán de pagar este impuesto, pero eso se compensa con el aumento de la alícuota de quienes tienen bienes declarados por más de 100 millones y la vigencia de una tasa más alta para los bienes declarados en el exterior.

La posición y votación de la izquierda

Luego del homenaje de Alejandro Vilca a la lucha del pueblo de Chubut (donde había estado en los últimos días), tanto Myriam Bregman como Romina del Plá cuestionaron a la bancadas mayoritarias por subordinarse al FMI que viene a aplicar más tarifazos sobre los sectores que se beneficiarían con esta norma y defendieron que se elevara el mínimo no imponible, con una durísima crítica a lo regresivo que es todo el sistema impositivo argentino, cayendo en las clases populares la mayor parte de la paga de impuestos, como el IVA que equivale a un tercio de lo que recauda anualmente el Estado.

A la hora de votar resolvimos votar por el dictamen de mayoría (oficialismo) porque de lo contrario hubiera significado avalar una baja de impuestos para los que tienen bienes en el exterior, lo que significaría hacer aún más regresivo el sistema impositivo, como indica el programa de Milei y Espert. Una abstención hubiera significado también darle la victoria a quienes defendían esa rebaja de impuestos para lo más ricos bajo el ropaje de beneficiar a la clase media, ya que la votación salió por un voto de diferencia (127 a 126)

“Votamos afirmativo, pero con fundamentos muy distintos a los del oficialismo”, dejó sentado Myriam en el recinto, de la misma manera que la semana anterior votamos contra el proyecto del presupuesto con fundamentos antagónicos a los de Juntos por el Cambio. Hoy el Frente de Todos hace una maniobra demagógica en el marco de haber hecho un importante ajuste sobre los ya alicaídos haberes jubilatorios y en los pulverizados sueldos de los trabajadores estatales, y de intentar votar un presupuesto de ajuste, como denunciaron las y los diputados del FIT-U la semana pasada. En términos de utilización política al igual que cuando se votó el impuesto a las grandes fortunas (que incluía partidas para subsidiar a las petroleras con el fracking), el oficialismo quiere encubrir con medidas como estas una orientación general que favorece a los usureros y a los grandes grupos económicos, a costa de la miseria del pueblo.

Algunas consideraciones de fondo

En un Estado capitalista el presupuesto anual es ni más ni menos que la distribución de las riquezas generadas por la clase trabajadora para sostener el aparato del Estado burgués, incluyendo sus fuerzas armadas y de seguridad, favorecer a tales o cuales grupos capitalistas con subsidios directos o indirectos y, en el caso de países con rasgos semicoloniales como Argentina, para pagar la deuda al capital financiero usurero, nacional e internacional, garantizar los giros y remesas hacia las casas matrices de las multinacionales, fomentar la fuga de dólares por distintas vías, etc..

Esos son los fundamentos generales de por qué la izquierda clasista rechaza todos los presupuestos nacionales, provinciales y municipales. Pero la particularidad del presupuesto que terminó siendo rechazado, es que empieza a incluir las pautas que impone el FMI, como la quita de subsidios que implicarán nuevos tarifazos y rebajas reales en rubros como la salud pública.

En última instancia toda recaudación que hace el Estado está puesta al servicio del pago de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta y a subsidiar a distintos grupos capitalistas. Por eso en general no votamos nuevos gravámenes a libro cerrado, pero rechazamos toda baja de impuestos a los ricos que necesariamente devendrá en más impuestos para las clases populares.

Lo recaudado por impuestos progresivos a las grandes fortunas, como plantea el programa del FITU, debería ser destinado a partidas específicas para paliar necesidades populares, pero con un estricto control democrático de las organizaciones obreras.