Un megaoperativo policial desplegado de manera simultánea en Santa Cruz, La Paz y Sucre derivó en la aprehensión del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y de otros altos funcionarios e integrantes de las fuerzas de seguridad. La medida sacude los cimientos institucionales del país y se produce en medio de una cruzada que vincula acusaciones de narcotráfico, presiones internacionales y casos judiciales de alto impacto político.
Las aprehensiones de Mariaca -quien está a cargo de la investigación en la causa Cerimedo- y Zeballos se concretaron en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Al mismo tiempo, efectivos policiales irrumpieron en la sede del Ministerio Público en Sucre, donde funcionarios del organismo se encontraban convocando a una conferencia de prensa para denunciar el procedimiento.
Entre los aprehendidos, además de Mariaca y Zeballos, se encuentran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores -exabogado de Evo Morales-, el capitán Rubén Aparicio Villarroel y el coronel Ángel Morales, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Irusta Flores había sido investigado a finales de 2024 por un caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas relacionado con la compra de un vehículo de alta gama. Aquel proceso fue posteriormente desestimado por la Fiscalía de La Paz por falta de elementos suficientes para iniciar una causa penal. En 2026, fue designado Fiscal Superior.
Desde la propia Fiscalía General se tildó la actuación policial de «secuestro» e «ilegal», por no haber existido una orden formal de captura previa, sosteniendo que se atropelló la institucionalidad del Estado y los derechos constitucionales de las autoridades judiciales.
Durante los procedimientos también resultaron aprehendidos el fiscal superior Martín Irusta y exjefes policiales como el coronel Ángel Morales, mientras se desplegó la búsqueda del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo.
La sombra de Marset y los dólares
El detonante directo del operativo responde a la filtración de un video grabado tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en la cual menciona explícitamente a Mariaca y al exministro Del Castillo, afirmando haber pagado 500 mil dólares a cambio de protección para permanecer en Bolivia.
La versión atribuida a Marset también señala que habría entregado pagos periódicos a cambio de poder desarrollar sus actividades. Estas afirmaciones constituyen declaraciones del propio narcotraficante y deberán ser contrastadas mediante documentación, pericias, registros financieros, comunicaciones y otros elementos de investigación.
Aunque el Ministerio Público rechazó enfáticamente las versiones de pactos o reuniones con el capo narco, las revelaciones abrieron una nueva línea de investigación que apunta al riñón de las autoridades encargadas de la lucha contra el crimen organizado.
Sanciones de Washington
El arresto de las autoridades judiciales ocurre apenas dos días después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocara las visas a Mariaca, Zeballos y a una decena de funcionarios bolivianos, acusándolos de presunta corrupción y de facilitar actividades del narcotráfico.
En conferencia de prensa realizada el martes pasado, Mariaca había rechazado públicamente las acusaciones de Washington argumentando injerencia externa sobre la soberanía boliviana, asegurando que no cedería «ni un centímetro» en sus investigaciones y llamando a preservar la independencia institucional. “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó.
Por su parte, el Gobierno boliviano anunció que solicitará a Washington información y elementos probatorios sobre las acusaciones formuladas contra los afectados.
El caso Cerimedo
Entre los procesos judiciales de mayor relevancia impulsados por Mariaca destaca la causa contra Fernando Cerimedo, el estratega digital argentino y exasesor político recluido en el penal de Chonchocoro tras ser imputado por el intento de femicidio de su expareja Nadia Beller.
Diversos sectores judiciales y analistas advierten sobre la confluencia de intereses políticos e internacionales detrás de la destitución y detención del fiscal, en una trama cruzada por el caso Cerimedo, las pesquisas sobre abastecimiento de combustibles y el escándalo de las «narcomaletas».
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