El Decreto Supremo 5676, promulgado por la gestión del presidente Rodrigo Paz, encendió las alarmas en diversos sectores productivos de Bolivia. La normativa, que fijó en 18 bolivianos el litro de diésel para grandes consumidores y estableció un esquema de precios diferenciados, generó una inmediata ola de críticas.
Tanto la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) como la dirigencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba advirtieron que la medida impactará negativamente en la producción de alimentos y en la economía popular.
Desde el sector agropecuario del oriente boliviano, la Cámara Agropecuaria del Oriente manifestó un firme rechazo a la medida gubernamental al calificarla como un trato discriminatorio entre productores y un catalizador para la especulación. Según la entidad, la creación de precios diferenciados fomentará el contrabando, el mercado negro y hechos de corrupción, dinámicas que identifican como parte del origen del actual desabastecimiento del carburante.
El sector remarcó que los agropecuarios demandan el 16% del consumo nacional de diésel y que, con ese volumen, garantizan el abastecimiento interno. Asimismo, cuestionaron que se traslade a la producción local el costo del precio internacional de los combustibles, recordando que existen compromisos pendientes del Estado sobre la compra e impagos del etanol producido en el país. Ante este panorama, la entidad anunció la convocatoria a un congreso extraordinario con sus bases y aclaró que no se responsabiliza de eventuales problemas en la oferta de alimentos.
Por su parte, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba calificaron la disposición oficial como un «golpe económico» directo a las familias trabajadoras. En conferencia de prensa, sus representantes criticaron la promulgación del decreto durante horas de la madrugada y remarcaron que el encarecimiento de los insumos se trasladará de forma inmediata al precio final de la canasta básica.
Durante la manifestación pública, los dirigentes sociales sumaron su preocupación ante un eventual plan estatal para privatizar empresas públicas —entre las que mencionaron a la corporación de telecomunicaciones ENTEL— y rechazaron posibles reformas en la administración de los recursos naturales. Ante esto, hicieron un llamado a la unidad organizativa y adelantaron que coordinarán movilizaciones y protestas pacíficas para exigir la derogación de la normativa.