La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, que quedará habilitado a dictar el «estado de excepción», aunque esto no implica que se dicte automáticamente el “estado de excepción”.
La ley 1341 limitaba las atribuciones del presidente para tomar una medida de este tipo y excluía a los militares de la participación en operativos de seguridad interna.
La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.
El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma era “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía”.
Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.
De la vereda de enfrente, el diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.
Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La ley 1341, ahora derogada, reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”. También limitaba a 60 días la duración de la medida.
La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.
‘Última opción’
El Gobierno de Paz ha asegurado que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera.
La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.
Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.
La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.