Organizaciones sociales, sectores productivos y gremios de transporte en Bolivia iniciaron jornadas de protesta en rechazo a la decisión del Ejecutivo de eliminar de manera total el subsidio al diésel. La medida de choque, decretada por el presidente Rodrigo Paz, supuso un incremento del 100 % en el costo del carburante y derivó en la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno este lunes 21 de septiembre.
La eliminación de la subvención elevó el precio del diésel a 1,87 dólares por litro. Desde el Ejecutivo se justificó la medida argumentando el alto costo que representaba para las arcas fiscales la importación de hidrocarburos, en un contexto donde el país importa cerca del 90 % del diésel y el 56 % de la gasolina debido a la baja producción interna y a la falta de inversión en exploración. Además, el Ministerio de Hidrocarburos adelantó que se aplicarán restricciones adicionales hasta enero de 2027.
La disposición se enmarca en las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la concesión de un crédito de 1.900 millones de dólares. Para intentar mitigar el impacto, el Gobierno anunció la entrega del bono «PP2» de 55 dólares a pagarse en tres meses para 2,9 millones de personas en situación de precariedad, así como líneas de crédito para que el sector transporte renueve sus unidades motorizadas a gas natural o gas licuado de petróleo.
La respuesta popular
La medida provocó una reacción inmediata en diversos sectores económicos y sociales. El sindicato de transporte anunció un paro de 48 horas con suspensión de actividades y bloqueos.
En el ámbito urbano, las unidades se replegaron en ciudades como La Paz y Tarija exigiendo un incremento de las tarifas del pasaje al doble (de 3 a 6 bolivianos). Por su parte, el transporte interdepartamental aplicó alzas automáticas de entre el 50 % y el 100 % según la longitud de las rutas.
Dirigentes como Evert Chino, del transporte interdepartamental de Santa Cruz, cuestionaron la falta de diálogo previo por parte del Ejecutivo.
Por su parte, cañeros y arroceros concentrados en Montero (Santa Cruz), junto a pobladores de los valles cruceños, advirtieron que la eliminación del subsidio representa el ahogamiento del sector productivo. Representantes del Bloque de Transporte Unidos y gremios agrícolas dieron un ultimátum para la abrogación inmediata del decreto supremo, amenazando con paralizar las rutas del país.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Maestros Urbanos anunciaron movilizaciones y marchas de protesta a nivel nacional para coordinar las medidas de fuerza.
Estado de excepción
Ante el creciente malestar social y las acusaciones de corrupción que rodean a la gestión de Rodrigo Paz, el Gobierno dispuso la vigencia del decreto por 90 días adicionales y movilizó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en el marco de la denominada «Operación Bolivia Unida».
Esta intervención conjunta busca contener el establecimiento de bloqueos y la concentración de manifestantes. Mientras las organizaciones sociales reportan el inicio de los cierres de vías en distintas regiones, los informes oficiales de las autoridades afirman que el tránsito en las carreteras del territorio nacional se mantiene despejado.