Bolivia decidió militarizar los pasos fronterizos ilegales con Argentina para frenar el creciente “contrabando a la inversa”.
Esta modalidad, como la define el propio gobierno boliviano, consiste en la salida ilegal de productos de primera necesidad hacia ciudades argentinas, principalmente La Quiaca y sus alrededores, incentivada por los precios más bajos del mercado boliviano frente a la crisis económica regional.
La medida se adoptó sorpresivamente el jueves, cuando soldados del vecino país se apostaron en los dos principales pasos ilegales.
Entre La Quiaca (Argentina) y Villazón (Bolivia), uno de esos pasos ilegales se ubica en el barrio Santa Clara y otro en el sector conocido como Esperanza.
La medida fue adoptada en medio de un contexto inflacionario que golpea al país desde hace más de un año. “No solo estamos abasteciendo nuestro mercado, también alimentamos a las ciudades vecinas”, explicó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, al justificar el refuerzo de controles en los municipios de Villazón (Potosí) y Bermejo (Tarija).
Efectivos de la Policía Militar fueron desplegados en esos puntos calientes de la frontera con Argentina para evitar la fuga de alimentos de la canasta básica, combustibles subvencionados y garrafas de gas licuado, que se venden en territorio argentino a precios significativamente más altos.
A estas acciones se suma ahora la intensificación de la presencia militar no solo en la frontera sur, sino también en otros puntos limítrofes estratégicos. Así lo confirmó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, quien detalló que el nuevo operativo incluye controles en estaciones de servicio y cisternas de transporte de combustible.
Según datos oficiales, Bolivia pierde unos 600 millones de dólares anuales por contrabando de combustible, lo que representa una fuga económica crítica en un momento de máxima tensión fiscal.
La militarización fronteriza refuerza el objetivo del Gobierno de preservar los “precios justos” en el mercado interno, en un contexto donde la presión de los mercados vecinos convierte a productos básicos bolivianos en mercancía codiciada al otro lado de la frontera.
El operativo también es aéreo. Una avioneta del Ejercito de Bolivia sobrevoló la zona a baja altura, lo que generó sorpresa y especulaciones entre los habitantes de ambas ciudades fronterizas.
La presencia militar afecta a trabajadores informales de los dos lados, y por supuesto las ventas de comercios dedicados a diferentes rubros.
Pero se destacó que el único paso legal para el transporte de mercaderías, paso de peatones y transporte es el puente «Horacio Guzmán».
La medida generó opiniones divididas en pobladores de ambas ciudades, ya que unos apoyan la acción directa para combatir el contrabando, pero otros están en desacuerdo porque no solo afecta a informales sino también al comercio legal.
