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El presidente de Bolivia Rodrigo Paz emitió el miércoles el Decreto Supremo 5503, declarando una emergencia económica, financiera, energética y social y eliminando los subsidios a los combustibles. Aunque incrementó el salario mínimo y la Renta Dignidad en menor proporción, sectores sociales afirman que se trata de un «gasolinazo» y el peor regalo de Navidad al pueblo.
De acuerdo a la concepción de Paz, la medida busca “corregir distorsiones acumuladas en los precios, estabilizar la macroeconomía y contener una crisis” que habría llevado a un “colapso inflacionario”. Y afirman que el ajuste permitiría “sincerar” los precios de los hidrocarburos, proteger a los sectores vulnerables con bonificaciones (subiendo salario mínimo 20% y bonos sociales) y ordenar las finanzas.
Sin embargo, el “gasolinazo” es visto como un ajuste de corte neoliberal, donde el Estado actúa para salvaguardar los intereses del capital a costa de la clase trabajadora.
Todo apunta a que la racionalidad del decreto recae abruptamente sobre las mayorías pobres, transfiriendo la carga económica de la crisis a los trabajadores.
📌La Confederación Nacional de Choferes de #Bolivia 🇧🇴 exige al Gobierno la abrogación inmediata del Decreto de Emergencia Económica 5503.
🔴La tensión crece tras el ultimátum de 24 horas lanzado por el dirigente Víctor Tarqui. Este decreto, que pone fin a los subsidios a los… pic.twitter.com/MFZP2hEhrV
— teleSUR TV (@teleSURtv) December 18, 2025
La crisis
La crisis de divisas que enfrenta Bolivia tiene raíces estructurales: una caída drástica de las exportaciones de hidrocarburos (en 35% entre enero y septiembre de 2025) redujo fuertemente los ingresos en dólares.
En teoría, al eliminar subsidios el gobierno reduce el gasto en importación de combustible y ahorra divisas. Pero el ajuste por sí solo no ataca la causa principal del desequilibrio externo. Las exportaciones siguen bajas y la entrada de dólares depende de reactivar la producción nacional y diversificar los envíos al exterior, no solo de “sincerar” precios internos.
En la práctica, el alza de combustibles puede incluso profundizar la escasez: al encarecer el transporte y las importaciones de bienes básicos, se genera más inflación y presión cambiaria.
Un informe de la Fundación Milenio advierte que, además de eliminar subsidios, la salida sostenible pasa por fomentar exportaciones alternativas y controlar el déficit crónico en la balanza de pagos.
Cada semana Bolivia gastaba unos 60 millones en importar carburantes, una de las principales erogaciones públicas, y esto contribuía al surgimiento de un mercado paralelo de divisas sobre el doble del tipo oficial. Sin
embargo, quitar el subsidio no genera automáticamente esos dólares: sin aumentar las divisas por exportaciones u otras fuentes, la crisis cambiaria persistirá.
Peor aún, “un estudio de Oxfam calcula que la eliminación abrupta del subsidio podría aumentar la pobreza moderada en 2,5% y la extrema en 1,5%” (Infobae, 2025), lo que agrava la crisis social sin resolver la originaria de divisas.
En definitiva, el gasolinazo no ataca el problema de fondo (la baja producción/exportación) sino que más bien transfiere el costo de la crisis al salario de los trabajadores.
Bolivia: Marchas contra el gobierno, (Me recordó al negro matapacos de Chile) pic.twitter.com/5hTaBVX33R
— J C (@JOTACE7777) December 19, 2025
Consecuencias
El impacto inmediato del decreto ha sido una fuerte subida de precios. La gasolina especial subió de Bs.3,79 a Bs.6,96 (86%) y el diésel de Bs.3,72 a Bs.9,80 (164%).
Esto encarece no sólo el transporte público -en La Paz se anunció duplicación del pasaje, de Bs.2,40 a Bs.5,00–, sino también los alimentos y bienes de primera necesidad. El pan de batalla pasó de 0,50 a 0,80 Bs., la carne de res se duplicó en meses recientes, y se prevén subidas adicionales en productos panificados y de la canasta familiar.
Para los sectores informales y campesinos el “shock” es especialmente duro: el encarecimiento del diésel se traduce en mayores costos de transporte e insumos sin una red de protección equivalente.
Si bien el gobierno aumentó el salario mínimo (20% hasta 3.300 Bs) y bonos (Renta Dignidad, Juancito Pinto), estos “contrapesos” quedan “a saco roto” frente al alza general de precios. La mitad de los trabajadores (informales) no reciben salario mínimo ni escala móvil, de modo que los aumentos decretados cubren solo parcialmente la pérdida de poder adquisitivo.
Protestas
Socialmente, el “gasolinazo” ha provocado protestas. Transportistas y gremiales convocaron movilizaciones: en Tarija los sindicatos del transporte anunciaron paro indefinido, calificando la medida de “duro golpe a nuestra economía” y reclamando que el aumento debería ser gradual.
Choferes federados de Cochabamba criticaron la decisión de “ir por lo más fácil” eliminando el subsidio sin diferenciar sectores. Y en varios departamentos se registraron marchas y bloqueos.
Los transportistas piden la marcha atrás del gobierno. Este viernes bloquearon las principales calles de La Paz y El Alto (oeste) y en Santa Cruz (este) no salieron a trabajar. En las estaciones de teleférico los paceños formaron filas de cientos de metros.
Los comerciantes también tomaron este viernes las calles de La Paz para exigir la derogación de la medida.
Un gremio de mineros se ha declarado en huelga indefinida y exigirán la renuncia de Paz. Campesinos cocaleros, liderados por Evo Morales, marcharán el lunes en Cochabamba, en el centro del país.
«Podemos ganar esta batalla (…), todo el pueblo está enojado», dijo este viernes Morales en una reunión sindical, y emplazó al presidente Paz hasta el fin de semana para que revierta su decreto.
🟠ULTIMATO DE EVO MORALES
#EvoMorales dió un ultimátum al Gobierno de #RodrigoPaz si hasta el fin de semana no revierten su decreto de medidas económicas el lunes iniciarán movilizaciones. Además denunció que Paz subió la renta vitalicia de expresidentes pic.twitter.com/GIusVkXQcd
— BoliviaLibre 🇧🇴🕊 (@BoliviaLibreNow) December 19, 2025
Fuente: Resumen Latinoamericano
