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La sombra del impeachment se posicionó, por primera vez con más fuerza, sobre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenara investigar las acusaciones del exministro de Justicia, Sergio Moro, sobre la intención del ultraconservador de interferir investigaciones judiciales sobre sus hijos y aliados.
El juez Celso de Mello, de la mayor instancia judicial de Brasil, dio un plazo de 60 días para que la Policía Federal (PF) interrogue a Moro, el exjuez estrella de la causa Lava Jato, sobre sus explosivas acusaciones tras dimitir el pasado viernes del gobierno.
Las conclusiones, que deben ser entregadas al Fiscal General de la República, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.
Según Celso de Mello, «los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República» parecen tener «íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial», lo que permite la investigación a Bolsonaro.
El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricación y obstrucción a la justicia.
El viernes, al renunciar en rechazo del reemplazo del director de la Policía Federal, Moro acusó al mandatario ultraconservador de querer intervenir en investigaciones de ese cuerpo, que depende del Ministerio de Justicia y de pretender recibir informes diarios sobre esas pesquisas.
«El presidente me dijo que quería colocar a una persona con quien tuviera contacto personal, a quien pudiese llamar, pedirle informaciones, informes de inteligencia. Prestar ese tipo de información no es el papel de la Policía Federal. Las investigaciones deben ser preservadas», denunció Moro en una conferencia de prensa en Brasilia.
Una vez concluida la investigación ordenada por Mello, será el fiscal Aras el encargado de determinar si se encontraron elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro.
De hacerlo, corresponderá a la Cámara de Diputados autorizar al STF a llevar a cabo la investigación. Y si esta confirmara las sospechas, corresponderá nuevamente al Congreso abrir un proceso de «impeachment» (destitución), con apartamiento del cargo de Bolsonaro.
Las sospechas sobre la injerencia de Bolsonaro en investigaciones que afectan a dos de sus hijos, los legisladores Flávio y Carlos, se da en momentos en que la relación entre el presidente de Brasil y el jefe de la Cámara baja, Rodrigo Maia, es mala debido al apoyo del mandatario a una marcha donde se pidió el cierre del Congreso.
Una encuesta publicada el lunes por la noche mostró la división de opiniones sobre el futuro de Bolsonaro. Un 45% de los brasileños opina que el Congreso «sí debería» abrir un proceso de destitución, frente al 48% que opina lo contrario, indica la encuesta de Datafolha, publicada por el diario Folha de S. Paulo.
En medio de esta crisis de gobierno, el mandatario brasileño nombró a André Mendonça como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Moro.
Mendonça, de 47 años, fue fiscal general con anterioridad y fue considerado una vez como nominado al STF.
Como fiscal general, Mendonça está acreditado con la recuperación de unos 7.500 millones de reales (1.330 millones de dólares) de compañías acusadas de corrupción mediante acuerdos para que cooperaran con la investigación.
Alexandre Ramagem, exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), fue nombrado al frente de la PF en reemplazo de Maurício Valeixo, según la publicación.
Ramagem es un amigo estrecho de la familia Bolsonaro y se hizo cargo de la seguridad personal del entonces candidato presidencial cuando fue apuñalado durante la campaña electoral en 2018. Ramagem se convirtió en jefe de inteligencia en julio.
