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Lo que nació como un fuerte cruce de opiniones dentro de un grupo de mensajería de una fuerza política terminó en los tribunales de Jujuy. La diputada provincial Noemí Isasmendi denunció penalmente por «amenazas» a Luli Quispe, referente de la agrupación Diversidad Peronista, tras un reclamo por el cambio de bloque de la legisladora. La justicia dictó una «perimetral digital» que le impide a la militante referirse a la funcionaria.
La controversia se desató cuando la diputada Isasmendi, quien accedió a su banca a través del frente Fuerza Patria, decidió abandonar el bloque que integraba junto al diputado Soler para sumarse al sector del peronismo cuyo referente es Rubén Rivarola.
La noticia impactó de inmediato en el grupo de WhatsApp de la militancia, que cuenta con más de 200 integrantes.
La abogada Alicia Chalabe, que representa a Quispe, relató que el chat se convirtió en una «lluvia de pedidos de explicaciones».
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), reveló que ese contexto Isasmendi hizo capturas de pantalla con la que denunció a Luli Quispe ante la justicia.
La supuesta amenaza, según consta en la causa, consistía en un mensaje donde Quispe afirmaba que le iba a «sacar rulo por rulo» y que iría a la Legislatura a exigir respuestas, hecho que, por otra parte, nunca ocurrió.
Un «bozal legal» para la militancia
En la audiencia de imputación realizada este miércoles ante el fiscal Diego Funes, se notificó a Quispe y se le impusieron medidas restrictivas.
«Sencillamente le están poniendo un bozal; no se puede expresar ni mencionar a la diputada», explicó Chalabe, quien calificó la situación como un uso desproporcionado de la justicia para dirimir discusiones que deberían quedar en el ámbito político.
Por su parte, Luli Quispe, fundadora de Putos Peronistas en Jujuy y activa militante de la colectiva LGBTQ+, manifestó su dolor ante la situación: «Es muy duro saber que una compañera con la cual trabajaste mañana, tarde y noche, sin pedir nada, hoy me está haciendo una denuncia penal. Nos sentimos defraudados por las decisiones políticas que tomó», señaló a El Submarino Radio.
Críticas al accionar judicial
Chalabe cuestionó no solo el fondo de la denuncia, sino también los tiempos procesales. Indicó que los mensajes datan del 27 de febrero, pero la denuncia se radicó recién el 8 de marzo. «Si tenés un temor fundado, hacés la denuncia diez minutos después, no diez días más tarde», argumentó la letrada.
La imputación de Quispe reabre el debate sobre la judicialización de la política en la provincia. Mientras la legisladora mantiene el silencio en el ámbito partidario, la justicia penal avanza sobre una militante que, además de su labor política, se desempeña como taxista y trabajadora estatal.
«Es una discusión política en una fuerza política. Si judicializamos esto, estamos en el horno», concluyó la defensa.
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